El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social transfirió más de 8.000 millones de dólares a prestadores externos durante trece años. La investigación «Los dueños de la salud» de EXPRESO reveló cómo el IESS pagó millones a clínicas privadas, concentrando casi la mitad de estos recursos en apenas quince prestadores, mientras miles de afiliados permanecen en largas listas de espera.
Durante más de una década, el sistema de derivaciones del IESS funcionó como una máquina de transferencia de recursos públicos hacia el sector privado. Desde 2013 hasta 2025, un total de 1.081 prestadores externos recibieron pagos millonarios, sin embargo, los hospitales públicos seguían desabastecidos y con equipos médicos dañados.
Concentración millonaria en pocas manos privadas
La distribución de recursos evidenció una concentración preocupante. La Junta de Beneficencia de Guayaquil lideró la lista con $993 millones recibidos, seguida por Davita con $433 millones especializados en diálisis. Por otra parte, Solca obtuvo $376 millones, mientras que Cemefran de Eduardo Seminario recibió $261 millones.
Resulta particularmente llamativo que Teoton/Alboteoton, empresas vinculadas a la familia de Edgar Lama, presidente del directorio del IESS, hayan recibido $259 millones. Esta situación plantea serios cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés en las decisiones de derivación.
Sistema de citas manipulado por prestadores externos
En 2023, el call center del IESS detectó irregularidades alarmantes. Cientos de llamadas provenían desde números repetidos vinculados directamente a clínicas privadas. Algunas realizaban más de mil llamadas mensuales para asegurar cupos médicos, mientras los afiliados genuinos no conseguían citas.
Prestadores como Machaladent, Servident y Mantamed, todos ligados a Juan Carlos Nicholls, aparecieron repetidamente en los informes de irregularidades. Además, en Guayas se manipuló el sistema AS400, asignando ilegalmente 731 citas médicas a prestadores externos.
Auditorías millonarias con resultados insuficientes
Entre 2013 y 2025, el IESS invirtió $25,9 millones en cinco auditorías externas para revisar expedientes y pagos. No obstante, millones de historias clínicas permanecen almacenadas sin revisión en bodegas de Quito y Guayaquil. El desorden administrativo persiste debido a la falta de personal técnico y sistemas informáticos obsoletos.
Los informes de Contraloría revelaron pagos sin sustento por $3,7 millones entre 2016 y 2020. Asimismo, se detectaron prestadores operando sin permisos vigentes y expedientes médicos incompletos en provincias como Manabí y Guayas.
Pacientes afectados mientras el negocio prosperaba
Mientras las clínicas privadas expandían su infraestructura con recursos del IESS, los afiliados enfrentaban diagnósticos falsos y tratamientos deficientes. Un odontólogo relató cómo debía corregir constantemente trabajos de mala calidad realizados por prestadores externos.
Por consiguiente, familias enteras se endeudaron para costear operaciones que el Seguro Social debía cubrir gratuitamente. Los pacientes compraban insumos básicos porque los hospitales del IESS carecían de suministros esenciales, mientras el IESS pagó millones a clínicas privadas por servicios que no siempre se prestaron adecuadamente.
En conclusión, la investigación evidencia cómo el sistema de derivaciones se convirtió en un negocio lucrativo para prestadores privados, dejando a los asegurados en una sala de espera interminable. La salud pública ecuatoriana necesita urgentemente controles efectivos y transparencia en el manejo de recursos.
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