Guido Perugachi, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), recibió prisión preventiva por disposición de una jueza de Ibarra. La medida fue solicitada por la Fiscalía General del Estado dentro de una investigación por la presunta paralización de servicios públicos durante las movilizaciones de septiembre y octubre de 2025 en Imbabura.
La decisión fue adoptada por la jueza Raquel Maza, quien acogió el pedido presentado por la Fiscalía durante la audiencia correspondiente.
Guido Perugachi es investigado por presunta paralización de servicios
La investigación contra Guido Perugachi está relacionada con las protestas registradas entre septiembre y octubre de 2025, cuyo principal escenario fue la provincia de Imbabura.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el dirigente es investigado con base en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Esta disposición sanciona a quien impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público. La norma contempla una pena de uno a tres años de prisión para este delito.
Por ello, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva, petición que fue aceptada por la autoridad judicial.
La UNE rechazó la decisión judicial
Tras conocerse la resolución, la Unión Nacional de Educadores (UNE) emitió un comunicado para expresar su rechazo a la medida.
La organización sostuvo que la decisión judicial se aleja de los principios de independencia e imparcialidad. Además, afirmó que, a su criterio, la resolución estaría fuera del marco legal.
Asimismo, la UNE manifestó que el caso reflejaría una supuesta criminalización y persecución contra dirigentes sociales que cuestionan al Gobierno del presidente Daniel Noboa.
En su pronunciamiento, la organización también hizo un llamado a los sectores sociales y populares para enfrentar lo que calificó como autoritarismo del Gobierno.
Guido Perugachi aún no se pronuncia
Hasta el momento, Guido Perugachi no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la decisión adoptada por la jueza Raquel Maza.
Mientras tanto, la investigación continuará conforme al proceso judicial correspondiente, en el que la Fiscalía busca determinar las responsabilidades relacionadas con la presunta paralización de servicios públicos durante las movilizaciones de 2025.
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