- El fiscal Reynaldo Cevallos formalizó la acusación por desaparición involuntaria con resultado de muerte.
- Un informe pericial psicológico realizado en la cárcel La Roca aportó detalles cruciales sobre el suceso ocurrido en 2022.
- El juez de la causa dictó prisión preventiva y fijó un periodo de noventa días para la instrucción fiscal.
- Familiares de la víctima demandaron la máxima sanción penal ante las autoridades judiciales de Guayaquil.
La Fiscalía General del Estado formuló cargos este mes contra Andreína Lamota por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición involuntaria con resultado de muerte de su amiga universitaria Jeniffer Banguera. La diligencia judicial se sustentó en los elementos recabados por el fiscal Reynaldo Cevallos, quien presentó ante el magistrado de garantías penales los informes periciales y testimoniales recopilados tras meses de indagación previa en el norte de Guayaquil.
Imputación penal contra Andreína Lamota y pericia forense
Durante la audiencia preparatoria, el representante del Ministerio Público detalló que la investigada se acogió al silencio en reiteradas convocatorias oficiales. El fiscal Cevallos acudió en dos oportunidades al Centro de Privación de Libertad Guayas Número 3, conocido como La Roca, donde Andreína Lamota cumple una sentencia de 40 años de reclusión dictada en 2025 por el femicidio de su progenitora. Pese a las visitas procesales, Lamota optó por no rendir versión formal ante los funcionarios judiciales.
Ante la negativa de la procesada a colaborar en las entrevistas directas, la acusación fiscal incorporó como elemento determinante la pericia practicada por el psicólogo forense Javier Zurita el pasado 30 de septiembre de 2026. En dicho informe técnico, la procesada admitió de manera espontánea las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento de su compañera universitaria a inicios de 2022, derivado de un conflicto económico por una deuda pendiente de USD 8.000.
Las diligencias procesales guardan concordancia con las investigaciones y operativos desplegados en la zona norte durante los últimos meses, al igual que los monitoreos frente a las emergencias atendidas en Guayaquil por distintas instituciones públicas.
Detalles de la pericia psicológica incorporada al expediente
Según el informe pericial presentado ante el juez penal, los hechos se suscitaron el 7 de enero de 2022 en un departamento ubicado en la ciudadela Sauces 9, en el norte porteño. La víctima acudió al inmueble para tratar el cronograma de pagos de los compromisos pendientes, momento en el cual se produjo un altercado entre ambas. De acuerdo con el relato consignado en la evaluación forense, la procesada asfixió a su acompañante mientras esta descansaba tras la discusión.
El documento judicial señala además que el cuerpo permaneció oculto en una de las habitaciones del departamento durante aproximadamente seis meses, hasta que fue trasladado en una maleta hacia un punto de recolección de desechos en las inmediaciones del mercado de Sauces 9. Durante ese lapso, la procesada habría enviado comunicaciones engañosas a los familiares de la víctima para simular un alejamiento voluntario de la ciudad.
Los parientes directos de Jeniffer Banguera, entre ellos su madre y su hermano, comparecieron ante las instancias judiciales para exigir celeridad en el trámite y la aplicación del máximo rigor sancionatorio establecido en el Código Orgánico Integral Penal. Los reportes institucionales de la Fiscalía General del Estado confirman que los protocolos de búsqueda y judicialización se mantuvieron activos hasta esclarecer la secuencia fáctica del caso.
Medidas cautelares y plazo de la instrucción fiscal en Guayaquil
El delito imputado corresponde al artículo 163.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), normativa que sanciona la desaparición involuntaria y contempla una pena privativa de libertad de hasta 26 años de prisión cuando se produce el deceso de la víctima. El fiscal del caso remarcó que las agravantes identificadas sustentan plenamente la necesidad de mantener bajo vigilancia penitenciaria a la investigada durante todo el procedimiento.
Tras analizar los elementos de convicción expuestos por la Fiscalía y la postura de la defensa pública, el juez de garantías penales resolvió acoger en su totalidad el petitorio institucional. En consecuencia, ordenó la medida cautelar de prisión preventiva contra la procesada y autorizó una instrucción fiscal con un plazo improrrogable de 90 días, conforme a lo establecido en la cobertura jurídica reportada por Primicias sobre los litigios penales del distrito.
