- Un juez llamó a juicio a 25 personas, entre ellas exfuncionarios de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas, por presunto peculado.
- El caso investiga irregularidades en un contrato de construcción y ampliación portuaria valorado en USD 12 millones.
- 22 procesados enfrentan medidas alternativas y 3 tienen orden de prisión preventiva, prófugos hasta el momento.
- La empresa extranjera contratada no tenía domicilio fiscal ni RUC en Ecuador al momento de la adjudicación.
Un juez de la Unidad Judicial de Esmeraldas llamó a juicio a 25 personas, entre exgerentes y exfuncionarios de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas, por presunto delito de peculado, en un caso que investiga irregularidades en la adjudicación de un contrato de construcción y ampliación portuaria.
La investigación, iniciada en marzo de 2022, se centra en un contrato valorado en USD 12 millones para obras de construcción y ampliación de muelles, que según la Fiscalía habría favorecido de forma irregular a una empresa extranjera durante el proceso de adjudicación.
Una empresa sin RUC ni domicilio fiscal
Uno de los elementos centrales de la investigación es que la compañía extranjera contratada no contaba, al momento de la adjudicación, con registro de domicilio fiscal en Ecuador ni con Registro Único de Contribuyentes (RUC), un requisito básico para que una empresa pueda contratar legalmente con el Estado ecuatoriano.
La Fiscalía sostiene que esa omisión no fue detectada —o fue deliberadamente pasada por alto— por los funcionarios responsables de calificar y adjudicar el contrato, lo que habría permitido que la empresa accediera a la obra pese a no cumplir con los requisitos legales exigidos.
Distintas situaciones procesales entre los 25 llamados a juicio
De los 25 procesados, 22 enfrentan medidas alternativas a la prisión preventiva, como presentaciones periódicas ante la justicia y restricciones para salir del país, mientras cursan el proceso judicial en libertad.
Los otros 3 procesados tienen orden de prisión preventiva en su contra y hasta el momento permanecen prófugos de la justicia, según confirmó la Fiscalía al anunciar la fecha del llamamiento a juicio.
Qué es el peculado y qué penas contempla
El peculado, tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), sanciona a los servidores públicos que se apropien, distraigan o usen de forma indebida fondos, bienes o recursos del Estado, con penas que van de 10 a 13 años de prisión dependiendo de la gravedad y el monto involucrado.
Se trata de uno de los delitos de corrupción más comunes en procesos vinculados a contratación pública en Ecuador, particularmente en obras de infraestructura de gran magnitud como puertos, carreteras y proyectos energéticos, donde los montos comprometidos suelen ser elevados y los mecanismos de control históricamente han mostrado debilidades.
Un puerto estratégico para el comercio exterior
La Autoridad Portuaria de Esmeraldas administra uno de los principales puertos del país, clave para la exportación de productos como banano, madera y derivados agroindustriales, además de la recepción de combustibles y otros insumos importados, lo que convierte a su operación en un asunto de interés económico nacional más allá del caso judicial específico.
Organizaciones de control ciudadano han señalado que casos como este reflejan la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización previa en la contratación pública portuaria, un sector históricamente señalado por informes de organismos de control debido a la magnitud de los contratos y la limitada supervisión técnica especializada.
La Contraloría General del Estado también participa como parte procesal en este tipo de causas, ya que su rol constitucional incluye determinar responsabilidades administrativas y civiles adicionales a la responsabilidad penal que dirime la justicia ordinaria, un mecanismo pensado para recuperar los recursos públicos comprometidos en casos de corrupción.
El caso se suma a una serie de procesos judiciales recientes contra exfuncionarios públicos por presuntos actos de corrupción, en un contexto en el que EE.UU. imputa cinco cargos penales al exasesor presidencial Daniel Salcedo, otro proceso judicial de alto perfil que también involucra el manejo irregular de fondos y contratos vinculados al Estado ecuatoriano.
