La solicitud de juicio político presentada por la bancada correísta contra Diana Salazar ha sido rápidamente rechazada por la Fiscalía General del Estado, que sostiene que este movimiento busca la impunidad.
La Bancada de la Revolución Ciudadana, encabezada por la asambleísta Viviana Veloz, cumplió su promesa de enjuiciar a la fiscal general del Estado, Diana Salazar. El 27 de noviembre, presentaron formalmente la solicitud en la Asamblea, dirigida al presidente del Legislativo, Henry Kronfle.
La asambleísta Veloz, coordinadora de la bancada, explicó en sus redes sociales que la petición de juicio político se fundamenta en los “innumerables incumplimientos a la Constitución y a la ley” por parte de Salazar.
Gissela Garzón, asambleísta correísta y firmante del documento, respaldada por aproximadamente 51 legisladores, destacó la necesidad de funcionarios que cumplan con su rol en medio de la crisis de seguridad en el país. Aseguró que, de no ser así, la Asamblea Nacional tiene el deber de ejercer su rol de fiscalización y control político.
En menos de una hora, la Fiscalía reaccionó con un comunicado en el que defendió a Salazar, argumentando que el pedido de juicio político “carece de los fundamentos requeridos para aplicar esa figura de fiscalización”. Además, señaló que el enjuiciamiento busca exclusivamente la impunidad, vinculándolo con casos ya sentenciados o en proceso de resolución en el ámbito penal.