La Fiscalía General del Estado (FGE) archivó oficialmente el caso de presunto peculado en contra de la exministra del Interior, María Paula Romo, y su esposo. El exsecretario anticorrupción Iván Granda. Ambos fueron señalados por supuestamente utilizar aeronaves oficiales para viajar con su familia durante un fin de semana de marzo de 2019, con destino vacacional.
Diana Salazar, fiscal general, presentó el pedido de archivo argumentando que no se configuraban elementos suficientes que tipifiquen el delito. En particular, señaló que no se encontraron “verbos rectores” que justifiquen una acusación por peculado. Ya que el uso de los medios aéreos estuvo debidamente documentado y enmarcado en protocolos oficiales.
Autorización y respaldo institucional
El uso de las aeronaves fue autorizado por el coronel de la Policía Byron Haro, quien era entonces comandante del Servicio Aeropolicial. La Fiscalía recalcó que se cumplieron las normativas, reglamentos y protocolos de seguridad requeridos para vuelos oficiales.
Además, un informe de la Contraloría General del Estado (CGE) que evaluó el uso de aeronaves de la Policía Nacional también respaldó la legalidad del viaje. Este examen especial concluyó que no hubo un uso indebido de bienes públicos.
Contexto de la denuncia
El caso se originó por una denuncia presentada por el abogado y excandidato presidencial Pedro Granja el 14 de agosto de 2019. La motivación de la denuncia fue una carta enviada en julio de ese año por la exasambleísta María Lourdes Cuesta al entonces contralor Pablo Celi. Solicitando una investigación por el supuesto uso personal de una aeronave policial por parte de los funcionarios.
Según la denuncia, Romo y Granda habrían viajado junto a sus hijos a Salinas, en la provincia de Santa Elena, utilizando un helicóptero y un avión del Estado. Supuestamente para vacacionar en el complejo turístico Casa Blanca.
Defensa y versión oficial de Romo
Diez días después de la denuncia, María Paula Romo respondió a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), explicando que el viaje a Salinas se dio en el marco de una agenda oficial. Según su testimonio, el desplazamiento obedeció a una reunión programada entre el entonces presidente Lenín Moreno y el líder opositor venezolano Juan Guaidó, en la cual ella debía participar en calidad de ministra del Interior.
Resolución judicial
Con base en los argumentos presentados, el juez nacional Marco Rodríguez Ruíz acogió la solicitud de archivo y concluyó que la denuncia no fue ni maliciosa ni temeraria. De este modo, se cerró definitivamente el proceso judicial contra Romo y Granda.
El archivo del caso refuerza la posición de Romo y Granda sobre la legalidad de sus actuaciones durante sus funciones públicas. Sin embargo, el episodio también revela la sensibilidad política y mediática en torno al uso de recursos estatales por parte de altos funcionarios, en especial cuando se trata de contextos personales o familiares.
Fuente: El Universo
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