La Fiscalía General del Estado inició una investigación previa por el presunto delito de rebelión que se estaría gestando al interior de la Asamblea Nacional. La denuncia, presentada por la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), apunta a un supuesto intento de impedir que la asambleísta Annabella Azín dirija la sesión de instalación del nuevo periodo legislativo.
El hecho, de comprobarse, configuraría una infracción penal contra la seguridad jurídica del país, de acuerdo con el numeral 2 del artículo 336 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este sanciona a quienes impidan, con violencia o amenazas, la reunión legal de un cuerpo colegiado.
Señalamientos cruzados y pugna de poder
Según ADN, existe un intento coordinado desde la Revolución Ciudadana (RC) para desconocer la legitimidad de Azín como presidenta temporal de la sesión inaugural, con el propósito de trasladar esa función a un legislador afín al correísmo.
La disputa ha escalado a los niveles más altos del Legislativo, en momentos clave para la conformación de comisiones y definición de alianzas políticas.
Reclamo por el orden constitucional
Desde las filas oficialistas se sostiene que este acto representa una amenaza directa al orden democrático. Además de las normas que rigen el funcionamiento del Parlamento. “Impedir la reunión legal de la Asamblea constituye una forma de rebelión y un atentado contra la seguridad jurídica”, señalaron voceros de ADN.
La bancada exige que el Ministerio Público actúe con celeridad para identificar a los responsables y evitar que se socaven las bases institucionales del país.
Fiscalía: Contexto tenso en el Legislativo
Este nuevo capítulo se suma a un clima de creciente tensión en la Asamblea Nacional, donde la disputa por el control político ha generado múltiples fricciones entre bloques. La sesión de instalación, tradicionalmente protocolaria, se ha convertido en el escenario de una batalla por el liderazgo y la representación.
Mientras tanto, la Fiscalía continúa recopilando elementos para determinar si existen indicios suficientes de una infracción penal, y definir las acciones que correspondan conforme a la ley.
La institucionalidad, en el centro del debate
Lo ocurrido revive el debate sobre la fragilidad institucional del país y el uso político de herramientas jurídicas en el ámbito legislativo. De comprobarse una maniobra para impedir la sesión, no solo se configuraría una falta legal, sino un precedente grave para la democracia parlamentaria en Ecuador.
La atención ahora se centra en los próximos pasos de la Fiscalía y en cómo reaccionarán los bloques legislativos ante esta denuncia que, más allá de lo jurídico, refleja una lucha abierta por el control del poder político.
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