El sistema de salud bajo intensa presión
Recorrer los alrededores del hospital público Eugenio Espejo, en Quito, permite ver la realidad diaria que angustia a decenas de familias. Los parientes de los pacientes deben comprar por su cuenta medicamentos y la falta de insumos que el centro no puede proveer. Esta situación es una de las mayores dificultades que afectan al sistema de salud de Ecuador, mientras los enfermos reclaman un trato digno y justo.
María del Carmen Sigcho espera sentada en las gradas del ingreso principal, junto a otras personas que aguardan noticias a la intemperie. Su familiar lleva dos meses internado por una pancreatitis. El tratamiento obliga a la familia a adquirir medicamentos costosos casi todos los días, ya que el hospital no los dispone.
“La situación económica es crítica. A veces hay y a veces no hay, pero debemos hacer todo lo posible por conseguir la medicación necesaria. Casi a diario nos entregan recetas. Me sorprende que no cuenten ni con guantes quirúrgicos y debemos traerlos nosotros. Es un estado crítico, todo lo compramos afuera”, explica Sigcho.
Poco después llega Denis Arévalo con una bolsa de farmacia privada con medicinas para su pariente que padece lupus. Se trata de una enfermedad autoinmune crónica en la que el sistema inmunitario ataca por error sus propios tejidos y órganos, según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. “Las medicinas más costosas debemos comprarlas por fuera. Hoy gasté 66 dólares; son gastos que no teníamos previstos al iniciar el mes”, relata Arévalo.
El fuerte impacto económico en los hogares
A la preocupación por la salud se suma el peso financiero de cubrir lo que el sistema público no entrega. Se trata de una decisión que marca la diferencia entre la vida y la muerte, o entre la recuperación y el empeoramiento del cuadro clínico. Muchas personas abandonan sus ocupaciones para atender los requerimientos de los pacientes y las solicitudes del propio centro hospitalario.
“La vida que llevamos no nos alcanza. Me pidieron comprar ampollas y recorrí cuatro farmacias sin encontrarlas, solo en los lugares que ellos indican”, comenta Guido Muñoz, un jubilado cuyo familiar recibe quimioterapia contra la leucemia.
Muñoz y otras personas muestran a CNN listas manuscritas con medicamentos, inyecciones, pañales, guantes quirúrgicos y cánulas que el hospital solicita adquirir de forma privada. Con esos papeles recorren farmacias de Quito hasta reunir lo necesario. Esta misma problemática se ha registrado ampliamente en otros establecimientos de salud del país. “Pedimos más humanidad. Cada semana gasto entre 200 y 300 dólares solo en las recetas”, añade Muñoz.
El abastecimiento promedio de medicamentos, dispositivos y bienes a nivel nacional apenas llega al 34 %, según cifras oficiales de febrero. CNN envió consultas al Ministerio de Salud, la Presidencia y la Secretaría de Comunicación sobre esta crisis, sin obtener respuesta hasta el momento.
Medidas gubernamentales y visión del sector médico
En mayo, el presidente Daniel Noboa emitió un decreto para crear una empresa estatal con autonomía presupuestaria. Su objetivo es centralizar la compra de medicamentos, así como la infraestructura y los sistemas informáticos de los hospitales del Ministerio de Salud. La entidad se encargará de proveer fármacos, equipos, dispositivos médicos y otros insumos necesarios.
La Federación Médica Ecuatoriana respaldó la decisión, pero pidió al gobierno la participación de actores sociales para garantizar su correcto funcionamiento. También manifestó preocupaciones sobre ciertos aspectos, como la compra de medicinas en la India. “Apoyaremos la medida siempre que cuente con transparencia, eficiencia, planificación técnica y rendición de cuentas”, señaló Santiago Carrasco, titular de la institución. Para él, la creación de esta empresa representa una oportunidad para fortalecer al Estado y optimizar el uso de los recursos.
La lucha constante de los pacientes renales
En los alrededores del Palacio de Carondelet, agrupaciones de personas con insuficiencia renal realizan plantones con frecuencia. Exigen al Gobierno mayor atención y eficiencia en la cobertura de sus tratamientos de diálisis. Buscan hacer escuchar su voz para no convertirse en una cifra más de las estadísticas.
“Este lugar es emblemático porque hemos venido muchas veces sin recibir respuesta. Hemos agotado todas las vías disponibles. Pedimos que el Estado garantice un tratamiento continuo e integral de diálisis”, afirma Kevin Valdez, vocero del Frente de Pacientes Renales.
Valdez explica que decenas de personas no reciben insumos completos y deben adquirirlos por su cuenta. “Nos piden alcohol, gasas y agujas. Estamos cansados de pedir como limosna un derecho reconocido en la Constitución. Ningún bolsillo puede soportar esta crisis”, agrega.
El Estado mantiene una deuda millonaria con centros privados de diálisis en todo el país, lo que ha afectado directamente la atención. Según la Asociación de Clínicas Dializadoras, la deuda asciende a cientos de millones de dólares. “No es justo que los pacientes paguemos las consecuencias por la burocracia estatal. Cada sesión perdida resta tiempo de vida, ya que dependemos de una máquina para realizar la función renal”, advierte Valdez.
El vocero comenta también las barreras laborales que enfrenta: “Soy docente de inglés y francés, pero cuando menciono mi condición, las empresas me descartan. El paciente renal sufre discriminación social y laboral”. Por ello, propone fortalecer la promoción de la donación de órganos, ya que considera que muchas veces no se cumple la voluntad de quienes aceptaron ser donantes en vida.
Corrupción, inestabilidad y retos de gestión
El agravamiento de la crisis sanitaria, que ya sufrió graves daños durante la pandemia de covid-19, coincide con el discurso oficial sobre redes de corrupción y mafias que utilizan los centros clínicos para negocios ilícitos. En los últimos años, varios directores de hospitales públicos y de la seguridad social han sido asesinados, y los gobiernos han señalado al crimen organizado como responsable.
En marzo, tras la muerte violenta de un funcionario, el presidente Noboa condenó estos hechos: “Se negó a firmar contratos que beneficiaban a mafias detrás de supuestos servicios. El crimen organizado intenta infiltrarse mediante contratos, presión y violencia cuando no logra imponerse”.
Para José Ruales, exministro de Salud y consultor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la corrupción no debe ser el único argumento para explicar la crisis. Cuestiona que en menos de tres años el gobierno haya nombrado ocho ministros de salud, lo que impide dar continuidad a las políticas públicas. “La corrupción afecta al sector público y también al privado, y debe combatirse donde se presente. Los cambios constantes de autoridades con equipos nuevos y sin experiencia en salud pública han deteriorado la gestión”, señala.
Ruales advierte sobre el desabastecimiento y pide fortalecer la gestión con personal capacitado. “Se nota improvisación en los procesos, en el liderazgo y en la definición de metas claras. Además, hay una reducción importante del presupuesto por ajustes fiscales”, añade. El exministro recomienda revisar planes elaborados en años anteriores que ya preveían estas dificultades. Finaliza destacando que el sistema de salud debe ser una red de protección social: “Debe evitar que una enfermedad se convierta en una catástrofe financiera para las familias”.
Mientras se suceden los cambios en la cartera de salud, los pacientes y sus familiares siguen esperando soluciones reales. Su angustia no es solo médica, sino también económica, y se vive día a día en las puertas de los hospitales.
Fuente: CNN
