En los últimos años, la situación en la Amazonía ecuatoriana ha mostrado un preocupante aumento en la siembra de cultivos de coca, una problemática agravada por la débil presencia estatal y la expansión de grupos criminales. Mientras las Fuerzas Armadas de Ecuador destinan sus recursos a vigilar las ciudades y combatir la creciente violencia, estos grupos criminales extienden sus actividades hacia áreas selváticas. En numerosas ocasiones, estos criminales invaden los territorios de las comunidades indígenas para forzarlas a sembrar coca, afectando profundamente la vida de estas poblaciones y el medio ambiente.
Disminución de operativos y expansión de cultivos
Desde 2018, el aumento alarmante de cultivos ilegales de hoja de coca ha sido evidente en Ecuador, particularmente en las provincias amazónicas. Según las declaraciones del presidente Daniel Noboa, en Ecuador se han detectado alrededor de 2.000 hectáreas de coca en los últimos tres años. Sin embargo, este año, debido a la reducción de los operativos militares, solo se han descubierto seis plantaciones en la provincia de Sucumbíos, sumando 16 hectáreas en total.
Este fenómeno está directamente relacionado con la asignación de los militares a otras áreas del país, principalmente para enfrentar la creciente criminalidad en las ciudades, el control en las cárceles, y la vigilancia de sectores estratégicos como hidroeléctricas y puertos. Como consecuencia, la disminución de la presencia de las Fuerzas Armadas en las zonas selváticas ha facilitado el avance de los grupos armados transnacionales en el cultivo y procesamiento de la coca.
Grupos criminales y control territorial
En la Amazonía andina, la falta de control estatal ha permitido el fortalecimiento de grupos criminales, quienes han convertido esta región en un territorio en disputa. Estos grupos armados, muchos de ellos vinculados con el narcotráfico, operan en las fronteras de Colombia, Brasil y Ecuador, aprovechando la ausencia de autoridades para consolidar sus actividades ilegales. El avance de los cultivos de coca coincide con la consolidación de al menos seis grupos criminales, entre los que destacan el Primer Comando Capital y el Comando Vermelho en Brasil, así como los Comandos de la Frontera y el Frente Carolina Ramírez en Colombia.
Impacto en las comunidades indígenas y el medio ambiente
La expansión de los cultivos de coca no solo afecta la seguridad de la región, sino que también tiene consecuencias devastadoras para las comunidades indígenas y el medio ambiente. En varios casos, los grupos criminales invaden territorios indígenas protegidos, forzando a las comunidades locales a colaborar en las actividades de cultivo y producción. Esto ha generado conflictos y un aumento en la violencia contra los líderes indígenas, quienes se oponen a la invasión de sus tierras.
El impacto ambiental es igualmente grave. El avance de los cultivos ilegales ha provocado una alarmante deforestación en la Amazonía, exacerbando la pérdida de biodiversidad y destruyendo áreas de gran valor ecológico. En la provincia de Sucumbíos, por ejemplo, la deforestación ha aumentado en un 34% en los últimos dos años, pasando de 6.824 hectáreas en 2020 a 9.146 hectáreas en 2022. Este incremento está directamente relacionado con la expansión de los cultivos de coca en las zonas selváticas, donde los grupos narcodelictivos han tecnificado y mejorado los procesos de producción de droga, incluyendo el uso de precursores químicos que contaminan los ecosistemas locales.
Respuesta del Estado y operaciones militares
El presidente Daniel Noboa anunció recientemente el inicio de nuevas operaciones para combatir el avance de los cultivos de coca y las actividades de los grupos narcoterroristas en la Amazonía ecuatoriana. Según Noboa, el gobierno no permitirá que estas organizaciones continúen expandiendo sus actividades, y se enfocará en cortar el financiamiento de estos grupos criminales.
Las Fuerzas Armadas de Ecuador también han intensificado sus esfuerzos para destruir las plantaciones de coca detectadas. Un ejemplo reciente fue la operación en el sector de Manzoya, en el cantón Putumayo, donde se desmanteló una plantación de 2.5 hectáreas. En esta operación, se descubrió un laboratorio para el procesamiento de pasta base de cocaína, el cual fue incinerado junto con las plantas de coca. Estas acciones buscan frenar la producción de cocaína, la cual es destinada a los mercados internacionales mediante corredores de transporte controlados por las organizaciones criminales.
Conclusión: un desafío regional
El avance de los cultivos de coca y el control territorial de grupos criminales en la Amazonía no es un problema exclusivo de Ecuador, sino que afecta a toda la región andina. La Amazonía se ha convertido en un nuevo frente de disputa para el narcotráfico, con consecuencias devastadoras para las comunidades locales, el medio ambiente y la estabilidad política de los países involucrados. La coordinación internacional y el fortalecimiento de la presencia estatal son fundamentales para enfrentar este problema de manera efectiva y proteger tanto a las comunidades indígenas como a los ecosistemas amazónicos.
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