El 22 de abril de 2025, un incidente en Guayaquil desató un escándalo de alto perfil. Dos policías interceptaron a un ciudadano mientras conducía por la Avenida de las Américas, en el norte de la ciudad. La intervención de estos agentes rápidamente se transformó en una situación alarmante. Tras el hallazgo de $14.000 en efectivo, los agentes secuestraron al hombre durante más de 40 minutos, llevándolo hacia una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) bajo amenazas para apropiarse del dinero.
El secuestro extorsivo en Guayaquil
Según la denuncia del ciudadano, los policías actuaron de forma intimidatoria, exigiendo que se quedaran con el dinero bajo la amenaza de implicarlo en delitos graves, como posesión de armas o drogas. Este tipo de actos violentan la confianza pública en las instituciones de seguridad. La acción contundente de las autoridades fue clave para que el caso llegara rápidamente a la Fiscalía General del Estado (FGE), lo que permitió la identificación de los seis policías involucrados.
Prisión preventiva para los responsables
El 23 de abril, los agentes fueron arrestados durante la formación matutina en el Cuartel Modelo de Guayaquil. En la audiencia de formulación de cargos, el juez decidió imponer prisión preventiva a cuatro de los implicados, mientras que dos de los acusados, Walter S. S. y Álex B. P., recibieron medidas alternas, como la prohibición de salida del país y presentación periódica ante la Fiscalía.
Este escándalo ha generado una fuerte respuesta tanto de la ciudadanía como de las autoridades, quienes aseguran que seguirán con la investigación exhaustiva para esclarecer todos los detalles y asegurar que se haga justicia.
Reacción de la comunidad y medidas futuras
El escándalo generado por este caso de secuestro extorsivo en Guayaquil ha provocado una fuerte indignación en la comunidad local. Los ciudadanos exigen mayor transparencia y control dentro de las fuerzas policiales, solicitando que se tomen medidas adicionales para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. La confianza en la policía se ha visto gravemente afectada, lo que plantea una serie de preguntas sobre los mecanismos de supervisión y control de los agentes. Mientras tanto, las autoridades han señalado que están comprometidas con la revisión interna de la policía y con fortalecer las políticas de seguridad para garantizar que se mantenga la integridad del cuerpo policial y se protejan los derechos de los ciudadanos. Este caso también ha resaltado la necesidad de una mejor formación y protocolos en el trato hacia los ciudadanos durante los procedimientos de control y seguridad.
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