El entorno geopolítico en el plano de la legitimidad democrática centroamericana experimenta una notable agitación debido a recientes decretos ejecutivos. Efectivamente, la anulación formal de las elecciones en Nicaragua provocó una contundente reacción adversa por parte de la comunidad internacional. Consecuentemente, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, advirtió que la administración de Donald Trump no permanecerá inactiva. Por lo tanto, el canciller estadounidense calificó la abolición del sufragio como un acto de cobardía frente al pueblo. Ciertamente, las instituciones parlamentarias managüenses ya analizan reformas para implementar este mandato dictatorial.
Indudablemente, las repercusiones operativas derivadas de esta parálisis institucional visibilizan la consolidación de un esquema unipartidista de dominación. De este modo, la cancelación de las elecciones en Nicaragua vulnera los compromisos asumidos en la Carta Democrática Interamericana. De la misma manera, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, sostuvo que el régimen sandinista abandonó definitivamente la democracia. Por ende, el gobierno de Costa Rica procedió al llamado a consultas de su representante diplomático en Managua. Claramente, los grupos opositores en el exilio observan con extrema preocupación el deterioro del sistema político.
Giro hacia el unipartidismo y represalias tras abolir las elecciones en Nicaragua
La viabilidad fáctica de restaurar las libertades ciudadanas en el territorio nicaragüense depende nítidamente de la presión multilateral internacional. Indudablemente, la abolición de las elecciones en Nicaragua intenta blindar la sucesión del mandato ejecutivo ante eventuales complicaciones de salud de Daniel Ortega. Por consiguiente, la dirigencia opositora denuncia purgas internas promovidas por la copresidenta Rosario Murillo contra funcionarios y copartidarios. Por ende, la reciente eliminación de licencias profesionales a miles de juristas evidencia la intensificación de las persecuciones estatales. Esencialmente, la dictadura busca instaurar un modelo análogo al sistema unipartidista cubano.
Paralelamente, las restricciones de visado impuestas por Washington afectan a más de dos mil trescientos funcionarios y allegados del régimen. Efectivamente, las autoridades norteamericanas continuarán fiscalizando los abusos gubernamentales perpetrados contra la ciudadanía y la prensa independiente. Por lo tanto, la supresión de las elecciones en Nicaragua profundizará el aislamiento diplomático y las sanciones económicas sobre la nación. Indiscutiblemente, las cancillerías continentales vigilarán con extrema rigurosidad los movimientos legislativos de la Asamblea Nacional. Asimismo, las dependencias internacionales mantendrán el monitoreo sobre la seguridad de las poblaciones exiliadas.
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Fuente: primicias.ec
