España busca posicionarse como líder en la producción de hidrógeno verde, pero un obstáculo inesperado ha surgido en Zamora. La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha autorizado la extracción de 117.000 metros cúbicos anuales de agua subterránea. Este recurso abastecerá una planta de hidrógeno verde de 40 MW en Granja de Moreruela. Sin embargo, la decisión ha desatado una gran polémica debido al impacto ambiental que podría tener en la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila.
La protesta por el impacto en un humedal protegido
El proyecto, que forma parte del corredor H2Med, ha despertado la preocupación de vecinos, ecologistas y políticos. El partido Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha señalado el riesgo para un ecosistema vital, ya que la extracción afecta a un humedal protegido. La controversia ha llegado a instancias internacionales, con la UNESCO y el Convenio de Ramsar involucrados en la protección de humedales.
Preocupación por la escasez de agua y el proceso de descarbonización
España enfrenta una creciente escasez de agua, con el 82,5% del recurso destinado a la agricultura. Además, el país atraviesa un proceso acelerado de desertificación. La necesidad de agua para producir hidrógeno verde ha generado debate sobre la sostenibilidad del proyecto. A pesar de que la CHD sostiene que la extracción será mínima (solo el 0,1% del acuífero), Ecologistas en Acción y otras organizaciones consideran que el impacto podría ser devastador para el humedal.
Reacciones políticas y sociales ante la autorización
El malestar social se ha manifestado en plataformas como Change.org, donde se ha lanzado la campaña “#SalvemosVillafáfila”, que ya ha reunido más de 7.000 firmas. Políticamente, el Partido Popular, a través del presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, apoya el hidrógeno verde pero rechaza el acuífero como fuente de agua. Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica defiende la legalidad del proceso.
El futuro del proyecto depende de la Junta de Castilla y León
La Junta de Castilla y León tiene la última palabra. Si la autorización sigue adelante, el debate podría llegar a la Unión Europea. Esto pondría a prueba la compatibilidad entre las políticas climáticas y la conservación del medio ambiente en la región. Las movilizaciones ciudadanas podrían intensificarse en las próximas semanas.
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