El actual modelo portuario del Ecuador ha desatado una disputa legal sin precedentes, encabezada por Contecon, el concesionario del puerto de Guayaquil. La empresa ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Con ella, buscan cuestionar el régimen bajo el cual operan diversos puertos del país. El centro del reclamo es la supuesta existencia de una competencia desleal entre puertos concesionados y aquellos que operan bajo simples autorizaciones. Esta competencia desleal es causada por la falta de contribuciones económicas significativas al Estado, pese a prestar servicios similares.
Contecon argumenta que esta dualidad en la normativa portuaria afecta la equidad del mercado. Genera un entorno desequilibrado que penaliza a quienes cumplen con obligaciones contractuales y legales más exigentes.
La pérdida de mercado que impulsa la acción judicial
El contexto que enmarca esta demanda legal es la notable pérdida de participación de mercado por parte de Contecon. En 2021, la empresa reportó un movimiento de 810.814 TEUs (unidades equivalentes a contenedores de veinte pies). Esta cifra cayó drásticamente a 329.084 TEUs en 2024. Esta reducción del 59,41 % ha encendido las alarmas en la compañía. Ven en la actual estructura regulatoria una de las causas fundamentales de su retroceso.
Aunque Contecon declinó conceder una entrevista directa sobre el tema, en una respuesta vía correo electrónico explicó que la demanda busca asegurar un marco normativo que respete el principio de igualdad en la competencia. Asimismo, la empresa enfatiza la necesidad de fomentar inversiones. También necesitan proteger al comercio exterior mediante reglas claras y estables.
Un llamado a ordenar el sector portuario
La demanda de Contecon no está dirigida contra operadores portuarios específicos. Según sus voceros, constituye un llamado al Estado para ordenar el sistema en su conjunto. La empresa subraya que el servicio portuario es un pilar estratégico del comercio exterior ecuatoriano. Por tanto, debe estar gestionado bajo criterios de transparencia, eficiencia y justicia.
Uno de los principales reclamos es que el Estado ecuatoriano reciba una contraprestación justa por la operación de estos servicios públicos. En este sentido, Contecon insiste en que todos los operadores portuarios deberían estar sujetos a las mismas condiciones contractuales y fiscales. De esta manera, se garantiza un entorno de competencia leal que estimule el crecimiento económico y la inversión en infraestructura.
Respaldo gremial al sistema actual
Mientras Contecon busca una revisión del modelo portuario, el gremio de puertos privados ha salido en defensa del sistema actual. Este sector sostiene que el modelo vigente ha permitido el desarrollo y expansión de operaciones logísticas a lo largo del país. Advertir que cualquier intento de modificarlo podría tener consecuencias negativas sobre la competitividad del Ecuador en el comercio internacional.
No obstante, el debate está abierto y promete escalar en los próximos meses. Esto ocurre a medida que la Corte Constitucional evalúe los argumentos legales presentados. El resultado de esta disputa podría redefinir el futuro de la logística portuaria nacional. Además, marcaría un precedente sobre cómo se estructuran las concesiones. También garantizaría la equidad entre actores públicos y privados en sectores estratégicos.
La demanda presentada por Contecon abre una ventana de discusión sobre la necesidad de modernizar y armonizar el marco legal portuario en Ecuador. Aunque el camino judicial recién empieza, el debate ya plantea preguntas fundamentales sobre justicia fiscal, equidad regulatoria y sostenibilidad del modelo económico portuario. En un país donde los puertos son vitales para su comercio exterior, la resolución de este conflicto marcará el rumbo del sector en los próximos años.
Fuente:
Expreso
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