Durante los años 2014 y 2020, Ecuador experimentó una relativa estabilidad en su tasa de homicidios, con un promedio anual de aproximadamente 1.000 casos, equivalentes a siete homicidios por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, a partir de 2021, esta tendencia se rompió abruptamente. Este fenómeno evidencia cómo el crimen mata la economía del país. Ese año se registraron 2.495 homicidios; en 2022 la cifra subió a 4.886, y en 2023 alcanzó un récord de 8.248 asesinatos, con una tasa de 46,2 por cada 100.000 habitantes.
Aunque en 2024 hubo una ligera disminución (7.033 homicidios y una tasa de 39,1), el primer cuatrimestre de 2025 ha mostrado un nuevo repunte. Entre enero y abril ya se han contabilizado 3.093 homicidios, el número más alto registrado para ese período desde que existen cifras comparables. Esto implica un aumento del 58% respecto al mismo período de 2024 y del 32% en comparación con 2023.
Crimen organizado y drogas: la raíz del problema
El crecimiento exponencial de la violencia en Ecuador está directamente vinculado a la expansión del crimen organizado, particularmente a las disputas entre bandas locales y transnacionales por el control de rutas de exportación de cocaína. De hecho, el incremento de los homicidios ha ido acompañado del aumento en las incautaciones de drogas: de 62 toneladas en 2014 a 294 toneladas en 2024.
Esto sugiere que el problema no es únicamente de seguridad pública, sino también de crimen transnacional y economía ilícita, con efectos colaterales en todas las esferas sociales y productivas.
Pérdida de capital humano y freno al crecimiento
Desde una perspectiva macroeconómica, el homicidio representa una pérdida directa de capital humano. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), solo en 2022 Ecuador perdió más del 0,6% de su PIB por este motivo, ubicándose por encima del promedio regional. La metodología del BID calcula el valor económico que las víctimas habrían aportado durante su vida laboral restante, lo que demuestra cómo la violencia interrumpe de forma drástica el potencial productivo de un país.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), por su parte, ha estimado que un aumento del 1% en la tasa de homicidios puede traducirse en una caída del 0,5% de la actividad económica. Esta correlación directa refleja cómo la inseguridad impacta no solo en la vida de las personas, sino también en la salud de la economía nacional.
El costo oculto del crimen en el PIB
Los homicidios, aunque graves, son solo una parte del costo total del crimen. El BID calcula que en América Latina y el Caribe, los costos del crimen representan en promedio el 3,4% del PIB. En Ecuador, esa cifra se acerca al 3,5%, incluyendo:
- Pérdida de capital humano: por muertes, lesiones, encarcelamientos y sus efectos colaterales.
- Gasto público en seguridad y justicia: recursos que podrían destinarse a sectores como educación o salud.
- Costos privados: gastos en seguridad, infraestructura y cambios logísticos por parte de empresas.
Estas erogaciones, aunque necesarias, no generan valor económico y representan una carga que disminuye la competitividad del país.
Efectos colaterales: inversión, empleo y migración
Además del impacto directo en el PIB, el crimen afecta decisiones clave para el desarrollo económico. La inseguridad disuade la inversión nacional y extranjera, promueve la informalidad laboral, reduce el turismo y motiva la emigración de mano de obra calificada. Sectores como el comercio y el transporte también sufren pérdidas sustanciales, como lo evidencia el caso de Manta, donde la violencia genera pérdidas mensuales de al menos USD 5 millones, según gremios locales.
Romper el ciclo: propuestas para una salida sostenible
Frente a este escenario, el FMI y el BID coinciden en la necesidad de políticas públicas integrales para romper el vínculo entre violencia y estancamiento económico. Las principales recomendaciones incluyen:
- Fortalecer la estabilidad macroeconómica.
- Expandir el acceso al empleo y la educación.
- Reducir la desigualdad.
- Mejorar la gobernabilidad y coordinación interinstitucional.
- Combatir los flujos financieros ilícitos y limitar el uso de efectivo.
- Reforzar la prevención de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Estas medidas deben complementarse con una cooperación internacional efectiva que permita desmantelar las redes criminales que operan en Ecuador y la región.
El crecimiento del crimen no solo amenaza la seguridad ciudadana, sino que también impone un alto costo económico al país. Los homicidios, como síntoma más visible de una red de criminalidad estructural, afectan la productividad, la inversión y la estabilidad macroeconómica. Romper con este círculo vicioso requiere más que respuestas policiales: se necesita una estrategia de desarrollo inclusivo y sostenido que ataque las causas estructurales de la violencia.
Fuente:Primicias
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