El Consejo de la Judicatura (CJ) presentó un plan para modernizar la justicia mediante proyectos de transformación digital e infraestructura. Sin embargo, el informe que respalda la decisión admite que el sistema judicial vive una crisis marcada por déficit presupuestario, corrupción, impunidad y falta de jueces. El Consejo de la Judicatura enfrenta un desafío significativo.
Un plan plurianual de inversión
El 10 de septiembre, el Pleno del CJ aprobó por unanimidad la Resolución 064-2025. Esta resolución avala la Proforma del Plan Anual y Plurianual de Inversión 2026-2029, que proyecta 198 millones de dólares. Con estas cuantiosas inversiones, el Consejo de la Judicatura busca mejorar su funcionamiento.
El objetivo es ambicioso: transformar digitalmente la institución, renovar vehículos y mobiliario, repotenciar edificios judiciales y levantar nuevas unidades en provincias como Esmeraldas, Carchi y Orellana.
También se plantea la creación del Sistema Nacional de Medidas de Protección a Víctimas de Violencia de Género y el plan de jubilación de funcionarios judiciales.
Un déficit que preocupa
El déficit presupuestario del CJ en 2025 supera los 246 millones de dólares. El 93 % del presupuesto se destina a salarios y apenas un 7 % cubre servicios básicos como agua, electricidad, arriendos, internet o mantenimiento de edificios.
El propio informe del Consejo de la Judicatura reconoce deficiencias graves: infraestructura deteriorada, tecnología obsoleta, irregularidades en procesos, falta de motivación en las resoluciones y casos de corrupción. Estos problemas, sumados al impacto del crimen organizado y el narcotráfico, aumentan la carga judicial y minan la confianza ciudadana.
Emergencia judicial en debate
En agosto, el presidente del CJ, Mario Godoy, anticipó que podría declarar en emergencia a la Función Judicial, al amparo de la Ley de Integridad Pública que revisa la Corte Constitucional. Aunque esa medida no se concretó, el plan plurianual refleja la urgencia de inversiones estructurales que el Consejo de la Judicatura propone.
La proyección para 2026
Solo para 2026, el CJ estima 61 millones de dólares en inversión. La mayor parte, 41 millones, corresponde a la transformación digital. El proyecto incluye repotenciar el 90 % de la infraestructura tecnológica, renovar el centro de datos, rediseñar el Sistema de Consulta de Procesos Judicial (Sajte) y reforzar la ciberseguridad para mejoras integrales del Consejo de la Judicatura.
El segundo rubro, con 10 millones, está destinado a la jubilación de 192 servidores judiciales, entre ellos 93 jueces. También se prevé invertir 1 millón de dólares en repotenciar la Corte Nacional de Justicia, el Complejo Judicial de Santo Domingo de los Tsáchilas y la Unidad Multicompetente de Tabacundo.
Pero la ejecución depende de los techos presupuestarios y de la asignación del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto deja en duda la viabilidad real de los proyectos planteados por el Consejo de la Judicatura.
El antecedente del 2024
En 2024, el CJ ya tenía un plan de modernización electrónica de 19,2 millones de dólares y otro de 7,5 millones para la plataforma notarial. Sin embargo, Finanzas apenas asignó 1,8 millones al Consejo de la Judicatura, limitando su alcance.
Al finalizar el año, como la Judicatura no ejecutó la obra de Tabacundo, se le retiraron 1,7 millones.
Ineficiencia en la ejecución
En julio, EXPRESO reveló que el CJ perdió 16,9 millones de dólares en 2024 por falta de ejecución. El problema se mantiene.
Durante la sesión del 10 de septiembre, Godoy advirtió que varios directores provinciales no gastan el presupuesto corriente. Recordó que lo no ejecutado se descuenta al siguiente año. “Así se ha perdido”, dijo.
Según el Ministerio de Finanzas, en 2025 el CJ recibió 1,7 millones para bienes de inversión. Hasta septiembre solo se ha devengado el 11 %, es decir, 202.454 dólares.
El peso de la nómina
El presupuesto general del Consejo de la Judicatura para este 2025 es de 355 millones de dólares. De ese monto, 318 millones se destinan al pago de sueldos.
Fuente: Expreso
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