El sábado 31 de mayo de 2025, el Estado ecuatoriano ofreció disculpas públicas a más de 300 extrabajadores de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, una firma de capital japonés que operó durante décadas en la producción de abacá. El acto simbólico se llevó a cabo en la Plaza de la Independencia, en el centro histórico de Quito, en cumplimiento parcial de una sentencia de la Corte Constitucional que en diciembre de 2023 calificó la situación de estos trabajadores como un caso de “esclavitud moderna”.
La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, encabezó la ceremonia y reconoció que el Estado “hizo oídos sordos” ante la grave violación de derechos laborales. “Se violaron normativas nacionales e internacionales que afectaron en esencia la dignidad del ser humano”, señaló Núñez, quien estuvo acompañada por otros ministros y por representantes de la Defensoría del Pueblo.
Un fallo judicial contundente
La Corte Constitucional determinó que Furukawa, que ha operado en Ecuador desde 1963, mantuvo prácticas de servidumbre de la gleba —una forma contemporánea de esclavitud— durante más de cinco años en sus haciendas de abacá. Esta fibra vegetal es utilizada en las industrias textil y automotriz. El fallo ordenó a la empresa pagar compensaciones por un total de 41 millones de dólares a las 342 víctimas, lo que equivale a 120.000 dólares para cada una. También estableció la obligación de ofrecer disculpas públicas por parte de la empresa y del Estado.
Sin embargo, hasta la fecha ninguna de estas disposiciones ha sido plenamente cumplida. La empresa Furukawa argumentó que no tiene los recursos financieros para pagar la millonaria compensación y calificó de “desproporcionada” la sentencia.
Las víctimas no consideran suficiente la respuesta
Durante el acto de disculpas públicas, los extrabajadores de Furukawa expresaron su indignación. Portando carteles con frases como “Esclavitud moderna nunca más” y repitiendo consignas de “¡Reparación, reparación!”, reclamaron el cumplimiento total del fallo. Marlene Valencia, una de las víctimas, declaró: “Queremos que se cumpla la sentencia porque no se está cumpliendo”.
Alexandra Zapata, abogada de los extrabajadores, denunció que la empresa no ha emitido disculpas públicas como exige la Corte, y que el acto del gobierno carece de propuestas claras para la reparación integral. “No hemos escuchado que los empresarios hayan dicho abiertamente que piden disculpas públicas”, remarcó.
Una disputa legal por la tierra y la evidencia
La empresa sostiene que un grupo de extrabajadores mantiene la “posesión ilegal y por la fuerza” de más de 300 hectáreas de sus propiedades. No obstante, los abogados de las víctimas argumentan que existe una decisión judicial que respalda su permanencia en esos terrenos para evitar la destrucción de los campamentos y de evidencias relacionadas con el caso.
El camino pendiente hacia la reparación integral
A pesar del acto público de disculpas, el cumplimiento integral de la sentencia aún está lejos de concretarse. El Estado ecuatoriano ha comenzado a asumir su responsabilidad histórica, pero las víctimas exigen que se traduzca en acciones concretas: reparaciones económicas, políticas públicas efectivas y garantías de no repetición. La ausencia de una disculpa por parte de la empresa y el incumplimiento de las indemnizaciones mantienen viva la herida.
El caso Furukawa se ha convertido en un emblema de lucha por los derechos laborales en Ecuador y en la región. La atención internacional y la presión de las organizaciones sociales continúan siendo claves para lograr justicia para las 342 víctimas de este caso.
Fuente:
El Universo
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