El Gobierno de Ecuador ha activado un plan nacional de control de precios enfocado en los productos de bioseguridad, con especial énfasis en las mascarillas, en el marco de una contingencia sanitaria que exige medidas firmes y transparentes. Esta estrategia responde al Acuerdo Ministerial N.- 069 y a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, instrumentos legales que buscan resguardar los derechos de los ciudadanos frente a posibles abusos comerciales.
El objetivo central es evitar la especulación y garantizar que las mascarillas —esenciales para la protección sanitaria— mantengan precios justos y accesibles. Las autoridades han iniciado operativos de control en todo el país, desde grandes ciudades hasta comunidades rurales.
Intervenciones coordinadas y cobertura nacional
El plan incluye operativos en tiendas de barrio, micromercados, mercados, farmacias y ferreterías. El Ministerio de Gobierno, a través de las Intendencias Generales de Policía, lidera las inspecciones, revisando documentación de compra, márgenes de ganancia y la correcta exhibición de precios.
En caso de irregularidades, las sanciones serán aplicadas de manera proporcional a la gravedad de la infracción. Estas pueden ir desde citaciones hasta la clausura del establecimiento comercial. La estrategia busca, además de corregir abusos, generar un efecto disuasivo que mantenga el respeto a la normativa vigente.
Instituciones aliadas en la fiscalización
Este esfuerzo no se ejecuta de forma aislada. Entidades como la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado trabajan de forma articulada con el Ministerio de Gobierno.
Estas instituciones no solo verifican la legalidad de los precios y márgenes, sino también la trazabilidad de los productos, previniendo evasiones tributarias y otras prácticas ilegales que afectan al consumidor. Su labor se basa en un marco legal que incluye, entre otros. El artículo 323 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) —relacionado con la especulación— y el Código Orgánico Administrativo (COA).
Una política pública enfocada en la salud y la transparencia
Este operativo forma parte de la política del Gobierno del Nuevo Ecuador para fortalecer la confianza ciudadana y la equidad en el acceso a insumos sanitarios. La transparencia en los precios no solo responde a una necesidad económica, sino también a una obligación ética y de salud pública.
La administración central reafirma su compromiso con la protección del consumidor y con la aplicación rigurosa de la ley en todos los niveles. Las acciones desplegadas son una muestra del esfuerzo institucional para impedir que la crisis sanitaria sea aprovechada por comerciantes inescrupulosos.
Un llamado a la corresponsabilidad
El Gobierno también exhorta a la ciudadanía a participar activamente en la vigilancia del mercado. Se han habilitado canales para denuncias, con el fin de identificar y sancionar rápidamente cualquier forma de especulación. La colaboración entre Estado y sociedad es clave para asegurar el acceso equitativo a productos esenciales.
Con esta política, el país da un paso firme hacia un mercado más justo y transparente, en donde la prioridad es la salud de todos los ecuatorianos.
Fuente: eldiario.ec
Te puede interesar:
De la red al mercado global: los hitos de internet que revolucionaron el comercio
