El jueves, con 80 votos a favor y 23 en contra en un pleno de 151 escaños, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó una nueva Ley de Áreas Protegidas. Esta ley ha encendido alarmas entre líderes indígenas, juristas y defensores del medio ambiente. El proyecto, impulsado por el Ejecutivo, busca regular la participación de entidades privadas, incluidas empresas extranjeras, en la gestión de zonas de conservación. Lo hace bajo el argumento de mejorar la supervisión, fortalecer la seguridad de los parques y fomentar el ecoturismo. Al mismo tiempo, se mantiene la prohibición de actividades extractivas.
Sin embargo, los críticos consideran que la aprobación de esta ley se realizó sin un proceso adecuado de consulta previa con las comunidades indígenas. Además, se señala que hubo mínima transparencia, lo que podría sentar un precedente de vulneración de derechos colectivos. Esto debilitaría las garantías constitucionales sobre la protección de territorios ancestrales.
Críticas de líderes indígenas y ambientalistas
Organizaciones indígenas y activistas medioambientales han denunciado que la ley podría facilitar el acaparamiento de tierras en áreas protegidas. Esto incrementa el riesgo de degradación ambiental y conflictos territoriales. Justino Piaguaje, líder del pueblo Siekopai y representante de la organización NASIEPAI, señaló que esta normativa es “peligrosa e inconstitucional”. Según él, “no solo refuerza las violaciones sistémicas de los derechos indígenas, sino que perpetúa un legado de desposesión y violencia”. Este legado se remonta a la época colonial.
Los colectivos indígenas también sostienen que la ley “amenaza la supervivencia” de sus pueblos. También “profana la dignidad del pueblo ecuatoriano” al vulnerar los derechos sobre la gestión de sus territorios y recursos.
Denuncias de violaciones a acuerdos internacionales
Oscar Soria, codirector ejecutivo del grupo de política internacional The Common Initiative, calificó la aprobación de la ley como un “vandalismo constitucional”. Además, advirtió que Ecuador ha “destrozado su credibilidad internacional”, corriendo el riesgo de aislarse de la comunidad global. Los opositores aseguran que esta normativa violaría al menos 15 acuerdos internacionales. Estos incluyen el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. También está la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que garantizan el derecho a la consulta y consentimiento previo.
Argumentos de las autoridades: “No se permitirá la minería”
Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico del Parlamento, aseguró que la ley no permitirá la apertura de las áreas protegidas a industrias extractivas. Además, la normativa contiene disposiciones explícitas que las prohíben. Según Centeno, el objetivo es fortalecer la protección de estos territorios a través de alianzas con actores privados. Esto permitiría aportar recursos para frenar la minería ilegal y fortalecer los controles ambientales.
A pesar de estas aclaraciones, líderes indígenas y colectivos sociales insisten en que la ley carece de legitimidad debido al “proceso opaco y sin diálogo significativo” en el que se aprobó. Por esto han anunciado que llevarán el caso al Tribunal Constitucional de Ecuador y a foros internacionales para frenar la aplicación de la normativa.
Escalada de la tensión social y jurídica
La aprobación de esta ley ocurre en un momento en que Ecuador enfrenta demandas pendientes y fallos internacionales que obligan al Estado a respetar las áreas protegidas y los derechos de los pueblos indígenas. Por ello, organizaciones de derechos humanos y colectivos ambientales advierten que esta ley podría derivar en nuevos conflictos jurídicos. También podrían ocurrir protestas en los territorios y bloqueos de proyectos si se implementa sin consultas. Debe garantizarse los estándares de protección ambiental establecidos en la Constitución ecuatoriana y en tratados internacionales.
Con el riesgo de intensificarse la tensión entre el gobierno y las comunidades indígenas, se abre un nuevo capítulo en la lucha por el control, la gestión y la protección de las áreas naturales del país. Esto ocurre en medio de una crisis climática y de la presión económica que vive Ecuador.
Fuente: Euronews vía Yahoo Noticias
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