En agosto se cumple un año de la consulta popular que determinó el cierre del bloque 43 ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini), una decisión tomada por los ciudadanos de Ecuador. Sin embargo, con el plazo acercándose, economistas y analistas han urgido al gobierno a tomar medidas inmediatas para evitar una significativa pérdida económica.
Antecedentes y decisión ciudadana
En la consulta popular de agosto del año pasado, los ciudadanos votaron a favor de cerrar el bloque petrolero 43 ITT, indicando que Petroecuador tendría un año para desmantelar las instalaciones. Esta decisión ha generado un debate sobre las implicaciones económicas y sociales de detener la explotación de uno de los yacimientos más importantes del país.
Advertencias del Observatorio de la política fiscal
César Robalino, presidente, y Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal (OPF), emitieron un comunicado urgiendo al gobierno a tomar acciones legales para continuar la explotación del ITT. Según el OPF, la producción del ITT entre enero y mayo de 2024 fue de 8,2 millones de barriles, generando ingresos por $544 millones a un precio promedio de $66,77 por barril. Se estima que para fin de año, la producción alcanzará los 19,5 millones de barriles, con ingresos totales de $1.300 millones.
Impacto fiscal
El OPF advierte que dejar de explotar el ITT equivaldría a una pérdida de ingresos netos de $1.000 millones anuales para el presupuesto estatal. Esta pérdida sería comparable a aumentar el IVA del 15% al 18%, duplicar los impuestos arancelarios, o incrementar en un 20% el impuesto a la renta, medidas que no compensarían la pérdida de ingresos.
Costos de infraestructura y compensaciones
No explotar el ITT también implica una pérdida de $2.700 millones invertidos hasta 2023 en infraestructuras y compensaciones sociales. Además, el costo de desmantelar las instalaciones existentes sería millonario. A largo plazo, Ecuador podría dejar de percibir unos $13.000 millones durante los años de no explotación del ITT.
Consecuencias económicas
La pérdida de ingresos profundizará el déficit fiscal, dificultando la sostenibilidad de las cuentas públicas y afectando negativamente la estabilidad macroeconómica, la atracción de inversiones, el crecimiento económico, la creación de empleos y la reducción de la pobreza. Un déficit fiscal más elevado será difícil de financiar, complicando el pago de amortizaciones de la deuda pública y generando atrasos en pagos al IESS, GAD y proveedores, lo que podría llevar a una ingobernabilidad.
Impacto en la dolarización
La disminución de ingresos en dólares debilitará la dolarización, afectando la liquidez de la economía y su dinamismo. Además, la reducción de la producción petrolera impactará negativamente el ya débil crecimiento económico del país.
Opinión de analistas
Alberto Acosta
Alberto Acosta, editor de Análisis Semanal, considera que la decisión de no continuar con la explotación del ITT es inconveniente y un “disparo en el pie” decidido por los ciudadanos. Según Acosta, dejar de producir significaría perder al menos $1.000 millones anuales. También menciona que existe tecnología para extraer crudo de sitios cercanos a la zona protegida sin afectar significativamente el medio ambiente.
Plazos y costos
Acosta recuerda que agosto es la fecha límite para el cierre del ITT, pero el gobierno aún no ha aclarado su plan de acción. Además de la pérdida de recursos, se requieren más de $600 millones para cerrar el bloque, lo que también costará alrededor de 30.000 empleos. Acosta sugiere que se podría realizar una nueva consulta para permitir operaciones horizontales que protejan el Yasuní sin paralizar todo el bloque.
La inminente fecha límite para el cierre del bloque 43 ITT ha generado preocupación entre economistas y analistas, quienes urgen al gobierno a tomar medidas urgentes para evitar una significativa pérdida económica. La decisión de detener la explotación del ITT implica desafíos económicos y sociales que podrían afectar la estabilidad del país. Es esencial que el gobierno considere todas las opciones disponibles para minimizar el impacto negativo y asegurar un futuro económico sostenible para Ecuador.
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