- Líderes de centrales sindicales denunciaron que el IESS proyecta subastar más de 400 bienes inmuebles improductivos a escala nacional.
- Los gremios sostienen que la medida debilita el patrimonio histórico de los afiliados sin resolver la deuda estatal acumulada.
- El Seguro Social busca captar recursos frescos para inyectar liquidez al fondo de pensiones y salud en el corto plazo.
- Organizaciones de jubilados y trabajadores convocaron a asambleas provinciales para estructurar acciones de amparo constitucional.
La controversia en torno a la sostenibilidad financiera del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) sumó un nuevo capítulo de confrontación social luego de que directivos de las principales centrales de trabajadores del país emitieran una enérgica advertencia contra el proyecto de enajenación y venta de bienes inmuebles institucionales que impulsa el Consejo Directivo de la entidad aseguradora.
De acuerdo con las declaraciones brindadas por dirigentes sindicales del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y asociaciones de jubilados en Manabí y Pichincha, el plan oficial contempla la subasta pública de más de 400 propiedades, entre terrenos urbanos, edificios administrativos en desuso, parqueaderos y haciendas agrícolas distribuidas en 18 provincias. Los portavoces laborales afirman que la liquidación de este portafolio inmobiliario descapitaliza el patrimonio colectivo de los afiliados en lugar de exigir al Estado el pago efectivo de sus obligaciones previsionales pendientes.
Debate entre liquidez inmediata y preservación del patrimonio
Desde la administración del IESS se ha argumentado que el mantenimiento de cientos de predios abandonados genera cuantiosos gastos por concepto de vigilancia privada, impuestos prediales municipales y depreciación física, consumiendo recursos sin aportar rentabilidad alguna a las reservas institucionales. En este marco, las autoridades defienden que la monetización de activos no operativos permitiría captar recursos líquidos para transferirlos de inmediato a los fondos de pensiones y salud, presionados por el envejecimiento demográfico y los costos de los tratamientos médicos de alta complejidad.
No obstante, los representantes de los afiliados cuestionan la transparencia de los avalúos catastrales y advierten sobre el riesgo de que predios de alta plusvalía sean transferidos a grupos inmobiliarios privados a precios inferiores a los del mercado real. Como alternativa, los colectivos laborales proponen que los inmuebles sean transferidos al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) para estructurar proyectos de vivienda de interés social orientados a los propios cotizantes.
La tensión sobre la administración de recursos públicos y fondos solidarios se enmarca en las dificultades macroeconómicas que impactan la liquidez de los distintos sectores del país, una dinámica que guarda estrecha relación con los desafíos analizados en el reporte sobre la situación energética y productiva de Ecuador, donde las distorsiones de caja afectan la continuidad de los servicios esenciales.
Convocatoria a movilizaciones y recursos constitucionales
Ante la inminencia del inicio de las subastas públicas, los colectivos de trabajadores anunciaron la convocatoria a asambleas provinciales de afiliados en Guayaquil, Quito, Portoviejo y Cuenca. Entre las resoluciones inmediatas figura la interposición de medidas cautelares y acciones de protección ante la Corte Constitucional para frenar cualquier proceso de enajenación que no cuente con la aprobación expresa de las organizaciones representativas de los cotizantes.
Analistas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han señalado en reiteradas oportunidades que cualquier reforma o desinversión en los sistemas de seguridad social debe adoptarse mediante mecanismos de diálogo social tripartito transparente, garantizando que las decisiones salvaguarden la viabilidad actuarial de los fondos de vejez, invalidez y muerte para las futuras generaciones de trabajadores.
Expertos del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS) señalan que la valorización de activos inmobiliarios debe estar acompañada por estudios actuariales independientes de oferta y demanda. Los especialistas enfatizan que las ventas forzadas en periodos de estrechez fiscal corren el riesgo de subvaluar el patrimonio institucional frente al valor real de reposición a largo plazo.
Dirigentes de asociaciones de jubilados y montepío recalcaron que los bienes inmuebles del IESS representan una reserva patrimonial estratégica que no debe ser sacrificada para subsanar déficits coyunturales de liquidez presupuestaria. Los colectivos demandan que el Gobierno Nacional priorice la cancelación de las transferencias del cuarenta por ciento para las pensiones jubilares, garantizando la sostenibilidad a largo plazo sin enajenar el patrimonio de los afiliados.
La vigilancia ciudadana y la movilización de las organizaciones sociales continuarán en las calles para defender el patrimonio previsional público de las actuales y futuras generaciones de trabajadores ecuatorianos.
