Economía Popular y Solidaria genera 70 millones de dólares en ventas en 2026

Las organizaciones comunitarias y emprendimientos productivos pertenecientes al sector de la Economía Popular y Solidaria (EPS) en Ecuador alcanzaron un volumen de ventas articuladas cercano a los 70 millones de dólares entre enero y agosto de 2026, según el informe de gestión oficial presentado por el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS). La estrategia gubernamental orientada a dinamizar el tejido microeconómico permitió conectar la oferta asociativa con canales comerciales públicos y cadenas privadas en las 24 provincias del territorio nacional.

Del total de recursos transaccionados durante los primeros ocho meses del presente ejercicio fiscal, aproximadamente 56,2 millones de dólares correspondieron a adjudicaciones en el mercado público. Este mecanismo de compras estatales inclusivas se consolida como la principal palanca financiera para cientos de cooperativas de base, asociaciones de mujeres artesanas y agrupaciones agroecológicas rurales que históricamente carecían de acceso a contratos de volumen institucional.

El fortalecimiento de este modelo socioeconómico fomenta la desconcentración de la riqueza y consolida redes de comercio justo que reconocen el valor agregado del trabajo asociativo, reduciendo la intermediación especulativa que históricamente mermaba los ingresos de los productores agropecuarios en las zonas periféricas del país.

Impacto regional: empleo inclusivo en Guayas y Pichincha

El desglose territorial de las cifras operativas evidencia una marcada dinamización en los principales polos económicos urbanos del país. En el cantón Guayaquil, la gestión técnica del IEPS facilitó ventas por un monto aproximado de 13 millones de dólares durante el periodo analizado, de los cuales cerca de 9 millones de dólares provinieron de contratos suscritos con entidades del sector público.

Un hito relevante en la urbe porteña fue la participación activa de 49 organizaciones de la EPS en procesos de contratación pública inclusiva para la provisión de servicios de alimentación en centros educativos y centros de acogida social. Estas adjudicaciones generaron de manera directa cerca de 600 plazas de trabajo digno para jefas de hogar y operarios comunitarios, formalizando sus ingresos bajo la cobertura del sistema de seguridad social.

Por su parte, en la provincia de Pichincha las ventas articuladas hacia distintos mercados totalizaron cerca de 8 millones de dólares, destacando la colocación de bienes manufacturados, calzado escolar, uniformes institucionales y productos agroindustriales frescos provenientes de los valles interandinos.

En las provincias del Austro y la Amazonía, las cooperativas de ahorro y crédito comunitarias también desempeñaron un rol fundamental al otorgar microcréditos preferenciales con tasas de interés diferenciadas, permitiendo que las cajas de ahorro comunales financien capital de trabajo para la siembra de granos andinos y la tecnificación de talleres textiles familiares.

Modernización productiva y acceso a compras públicas

El fortalecimiento del sector asociativo responde a una política de asistencia técnica integral coordinada entre el IEPS y el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP). Mediante los catálogos inclusivos dinámicos, las entidades del Estado tienen la obligación legal de priorizar los bienes y servicios ofertados por la economía popular frente a los oferentes industriales convencionales, garantizando márgenes de rentabilidad justos y plazos de pago supervisados.

Para elevar la competitividad de las cooperativas, los programas de capacitación han hecho énfasis en el cumplimiento de normas de inocuidad alimentaria, empaque ecológico y certificaciones de origen. Estas exigencias permiten que los pequeños productores superen las barreras de entrada del mercado formal y puedan ofrecer volúmenes homogéneos a hospitales, cuarteles y guarderías infantiles adscritas al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

Esta articulación institucional contrasta con el complejo panorama macroeconómico que experimenta el país, donde las grandes empresas enfrentan escenarios de ajuste como el que revela que las exportaciones de Ecuador moderarán su ritmo en 2026 ante el impacto climático y la crisis energética, demostrando que el consumo interno de proximidad representa un amortiguador indispensable para sostener el circulante en los barrios populares.

Representantes gremiales del sector de la economía popular subrayaron que para el último cuatrimestre del año prevén superar la barrera de los 90 millones de dólares en ventas globales, impulsados por las ferias productivas navideñas y la renovación de convenios de provisión de uniformes escolares en la región Sierra y Amazonía.

Asimismo, los técnicos del IEPS anunciaron la apertura de nuevos canales de comercialización digital a través de vitrinas electrónicas que conectarán directamente a las asociaciones comunitarias con consumidores urbanos, promoviendo el pago electrónico y reduciendo costos logísticos para las familias emprendedoras de todo el Ecuador.

Adicionalmente, las autoridades del sector económico destacaron que la Economía Popular y Solidaria representa cerca del 60 % del empleo nacional en sectores agroproductivos y de servicios básicos, por lo que la canalización oportuna de recursos públicos incide de manera directa en la reducción de la pobreza rural y la contención de la migración no planificada hacia las grandes urbes.

Para el ejercicio fiscal 2027, el IEPS proyecta incorporar a más de 150 nuevas organizaciones comunitarias a los programas de certificación de calidad, facilitando su vinculación con cadenas de supermercados y plataformas de exportación no tradicional hacia mercados de la Comunidad Andina y la Unión Europea.

El fortalecimiento continuo de estas redes asociativas consolida la soberanía alimentaria y sienta las bases para un desarrollo económico verdaderamente inclusivo y participativo en todas las regiones del país.