- Ecuador subió del puesto 11 al sexto lugar en América Latina y el Caribe.
- El índice Infrascope evalúa la capacidad regulatoria e institucional para APP.
- El país mejoró en marco institucional, sostenibilidad y preparación de proyectos.
- Se proyecta un portafolio de inversiones por más de USD 5.000 millones.
El clima de negocios y la seguridad jurídica para la inversión extranjera alcanzaron un hito relevante tras confirmarse que las asociaciones público-privadas en Ecuador permitieron al país escalar cinco posiciones hasta ubicarse en el sexto lugar de América Latina y el Caribe en el prestigioso índice Infrascope 2024-2025.
Avances regulatorios de las asociaciones público-privadas en Ecuador
El informe elaborado periódicamente por la división The Economist Impact con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) evaluó a 26 naciones del hemisferio en cinco categorías estratégicas: regulaciones, instituciones, madurez de mercado, sostenibilidad ambiental y mecanismos de financiación.
Ecuador obtuvo un puntaje general de 63 sobre 100 puntos posibles, superando a economías de mayor tamaño como México, Panamá y Argentina, ubicándose únicamente por detrás de referentes regionales consolidados como Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y Perú.
Los evaluadores destacaron que la aprobación de la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo y la modernización de los reglamentos del Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas dotaron al Estado de herramientas ágiles para licitaciones transparentes en el portal de ProEcuador y ministerios sectoriales.
Asimismo, el informe valoró positivamente la creación del Registro Nacional de APP y la estandarización de contratos de concesión vial, portuaria y energética que incluyen cláusulas de mitigación de riesgos climáticos y sociales.
Delegados del Ministerio de Economía y Finanzas explicaron que este salto cualitativo facilita la obtención de garantías multilaterales y seguros de riesgo político para atraer fondos de inversión institucionales de Europa y Norteamérica.
Las cámaras de la producción señalaron que el marco legal vigente reduce la discrecionalidad burocrática y brinda certidumbre tributaria para el retorno de capitales de largo plazo en obras de infraestructura crítica.
El BID resaltó que el país avanzó de manera sustancial en la preparación técnica previa de los estudios de prefactibilidad, evitando renegociaciones contractuales prematuras que encarecían los proyectos en administraciones pasadas.
Las autoridades gubernamentales reiteraron su compromiso de capacitar a los funcionarios de las empresas públicas en técnicas de estructuración financiera ‘project finance’ para maximizar la eficiencia de cada dólar invertido.
Asimismo, mesas de trabajo entre el sector público y delegaciones comerciales de la Unión Europea permitieron identificar áreas prioritarias de cooperación para la transferencia tecnológica en tratamiento de aguas residuales y gestión de residuos sólidos.
Expertos en finanzas públicas subrayan que la inclusión de metodologías de evaluación de impacto socioeconómico en las fases tempranas de los proyectos asegura una asignación de riesgos equitativa entre el Estado y los operadores privados.
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Portafolio de proyectos estratégicos y empleo
El portafolio oficial de proyectos bajo esta modalidad contempla iniciativas prioritarias en autopistas interestatales, plantas de generación solar y eólica, puertos de cabotaje y complejos hospitalarios con una inversión conjunta estimada en más de USD 5.000 millones para los próximos cuatro años.
Analistas financieros subrayan que las alianzas estratégicas permiten liberar recursos fiscales que el Estado puede redirigir hacia programas urgentes de salud pública, educación básica y seguridad ciudadana.
Organismos internacionales recomiendan profundizar la participación ciudadana en las consultas ambientales previas para asegurar la viabilidad social de las obras en territorios rurales e indígenas.
El sector bancario nacional anunció su disposición de articular consorcios fiduciarios para financiar componentes locales de construcción civil y proveeduría técnica en las obras licitadas.
Con esta posición destacada en el ranking regional, el país consolida su reputación como un destino confiable y competitivo para el desarrollo de infraestructura moderna y sostenible.
Los gremios empresariales coinciden en que la estabilidad de las reglas de juego será el factor determinante para concretar las adjudicaciones programadas para el primer semestre del próximo año.
El acompañamiento técnico continuo de organismos como la Corporación Financiera Internacional aportará rigurosidad en los procesos de fiscalización y auditoría externa de las obras concesionadas.
La consolidación de un entorno normativo transparente y predecible constituye un pilar esencial para impulsar la reactivación productiva y la generación de empleo formal en el territorio nacional.
