Este miércoles 2 de agosto, en Quito, se llevó a cabo una reunión conjunta de diversas entidades y representantes de la sociedad civil con el objetivo de exigir al Gobierno que tome acciones concretas para abordar el problema de la inseguridad en la capital.
En una muestra de unidad en pro de la vida, la paz y la seguridad ciudadana, participaron las siguientes entidades:
- Cámara de Economía
- Cámara de Comercio
- Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas
- Cámara de Industrias
- Cámara de Transporte
- Universidad Central
- ESPE
- Politécnica
- San Francisco
- Las Américas
- Andina
- Católica
- FLACSO
- Internacional
- SEK
- Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador
- Alcaldía de Quito
- Concejales del Concejo Metropolitano de Quito
El resultado de esta reunión fue la creación de un “Manifiesto por la Vida, la Paz y la Seguridad” en el que se plantean cinco puntos de exigencia al Gobierno Nacional:
- Aumento del número de efectivos policiales: Quito actualmente cuenta con 5.313 efectivos, lo que representa una tasa de 1,9 policías por cada 1.000 habitantes. Es fundamental alcanzar el estándar internacional establecido por las Naciones Unidas de 2,8 policías por cada 1.000 habitantes para garantizar una mayor seguridad a la ciudadanía.
- Pago de deudas al Distrito Metropolitano de Quito: El Gobierno Nacional debe entregar de manera inmediata los 359 millones de dólares que adeuda a la ciudad. Una parte significativa de este monto se destinará al fortalecimiento de la Policía Nacional para brindar una mayor protección a la población.
- Presentación de Estrategia Nacional de Seguridad y Asignación de Recursos: Se exige al Gobierno Nacional que presente al país su estrategia nacional de seguridad y destine los recursos necesarios para lograr resultados efectivos que garanticen la vida y seguridad de los ciudadanos. La ejecución del presupuesto para la seguridad ciudadana debe llevarse a cabo con sentido de urgencia y oportunidad.
- Reforzar políticas de control y registro migratorio: Se insta al Gobierno Nacional a fortalecer las políticas y acciones de control y registro migratorio para prevenir el ingreso y accionar de bandas delictivas en la ciudad.
- Justicia y combatir la impunidad: Las entidades responsables de la investigación y administración de justicia deben responder al clamor ciudadano de combatir las mafias y no ser cómplices de la impunidad. Se exige que se investigue y sancione, si es necesario, a jueces que hayan fallado en contra de la ciudadanía.
Estos sectores subrayan que es imperativo que el Gobierno Nacional se sume a este compromiso y tome medidas concretas para garantizar la seguridad en la ciudad.
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