Los distribuidores de combustibles en Ecuador rechazaron las declaraciones oficiales que los señalan por presunto acaparamiento y especulación durante los recientes días de desabastecimiento registrados en varias ciudades del país. La Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador (Camddepe) aseguró que el problema tuvo origen en dificultades logísticas y restricciones de despacho.
Además, la entidad denunció una persecución administrativa contra comercializadoras y estaciones de servicio, luego de que varias autoridades iniciaran procesos de control relacionados con la crisis de abastecimiento.
Distribuidores de combustibles niegan especulación
La Camddepe afirmó este miércoles 20 de mayo de 2026 que no existió acaparamiento de combustibles durante la semana en la que se registraron largas filas y escasez en distintas estaciones de servicio del país.
Según explicó el gremio, los hechos evidencian que la situación persistió incluso después del incremento de precios. El martes 12 de mayo todavía existían extensas filas en varias gasolineras. Asimismo, algunas estaciones permanecieron sin producto hasta el sábado 16 de mayo y, en ciertos casos, también durante el domingo 17.
La organización señaló que situaciones similares ya habían ocurrido anteriormente en provincias como Guayas, Manabí y Azuay. Por ello, considera incorrecto atribuir el problema a un supuesto acaparamiento por parte de los distribuidores de combustibles.
Camddepe denuncia persecución administrativa
La entidad cuestionó las acciones emprendidas por la Agencia de Regulación y Control. Según Camddepe, las autoridades iniciaron procesos administrativos contra 18 comercializadoras y más de 400 estaciones de servicio por supuestamente no reportar el stock entre el 9 y el 12 de mayo.
Sin embargo, el gremio sostuvo que los despachos mensuales de Petroecuador se programan utilizando el historial de compras de cada comercializadora. Además, aclaró que el sistema no depende del stock diario reportado por cada estación de servicio.
Camddepe también argumentó que las importaciones de derivados requieren planificación anticipada. En consecuencia, modificar la logística diariamente resultaría técnica y operativamente ineficiente.
La organización explicó que las importaciones suelen planificarse entre 45 y 50 días antes de la distribución final. Por esa razón, considera improcedente responsabilizar a las estaciones por los problemas de abastecimiento registrados recientemente.
El origen del desabastecimiento, según los distribuidores de combustibles
De acuerdo con el gremio, el verdadero origen de la crisis está relacionado con dificultades logísticas de importación y restricciones en los terminales de despacho.
Camddepe recordó que la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos reconoció esta situación en un comunicado oficial emitido el 8 de mayo. Además, señaló que EP Petroecuador aplicó racionamientos en terminales estratégicos como El Beaterio, en Quito, y Pascuales, en Guayaquil.
Varias comercializadoras reportaron limitaciones en la entrega de combustibles durante las últimas semanas. Mientras tanto, la situación habría empeorado debido a restricciones parciales en determinados despachos.
Por ello, la organización exhortó a las autoridades a transparentar los comunicados emitidos por Petroecuador durante 2026. Según Camddepe, esos documentos reflejarían racionamientos de hasta el 50 % en ciertos días específicos.
Estaciones de servicio cuestionan afectación reputacional
La Cámara también manifestó preocupación por el impacto reputacional que enfrentan las estaciones de servicio a raíz de los señalamientos públicos.
La entidad sostiene que más de 1.250 estaciones han sido afectadas por acusaciones que consideran injustificadas. Además, recordó que el margen de comercialización del sector permanece congelado desde hace aproximadamente 23 años.
Los distribuidores de combustibles insistieron en que el debate debe centrarse en resolver los problemas logísticos y garantizar estabilidad en la cadena de suministro. Entretanto, solicitaron que cesen las acciones administrativas que, según afirman, perjudican al sector sin pruebas concluyentes.
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