El cierre de la gestión de Diana Salazar como fiscal general del Estado, en mayo de 2025, dejó una huella profunda en el sistema judicial ecuatoriano. Además, abrió un período de incertidumbre institucional que se extenderá al menos hasta julio de 2026. Entonces, se prevé la designación de su reemplazo mediante concurso público organizado por el Cpccs.
Reconocida por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2024, Salazar se consolidó como una figura central en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Todo esto ocurrió en un contexto donde Ecuador enfrentó uno de los picos de violencia y penetración criminal más altos de su historia reciente.
Un liderazgo que llevó a los poderosos ante la justicia
Durante su administración, Diana Salazar encabezó investigaciones que marcaron hitos judiciales sin precedentes. Entre ellas está el caso Odebrecht, que derivó en la condena del exvicepresidente Jorge Glas por asociación ilícita. Además, se destaca el caso Sobornos 2012-2016, que sentenció al expresidente Rafael Correa y a altos funcionarios de su gobierno por cohecho.
A estos procesos se sumaron los casos Metástasis, Purga y Plaga, que revelaron redes de corrupción y vínculos entre el crimen organizado, operadores judiciales, fuerzas del orden y actores políticos. Por consecuencia, dejaron decenas de procesados entre jueces, fiscales, policías, militares y miembros de bandas criminales.
Una Fiscalía en transición y bajo cuestionamientos
El fin de la gestión de Salazar dejó a la Fiscalía General del Estado bajo una conducción transitoria que ha sido duramente criticada por juristas y constitucionalistas. El abogado Hermes Sarango señaló que, a diferencia del accionar inmediato que caracterizaba a la exfiscal ante una noticia criminis, las actuales autoridades no han mostrado avances significativos en investigaciones de alto impacto.
Sarango recordó que el Código Orgánico Integral Penal otorga amplias herramientas a la Fiscalía para investigar. Sin embargo, sostuvo que estas no han sido utilizadas de manera efectiva por los fiscales subrogantes. Esto ha generado una percepción de desidia institucional que se replica en fiscalías provinciales.
Expectativas altas y una comunicación debilitada
La abogada y docente universitaria Carolina Aumala considera que la gestión de Diana Salazar dejó un estándar difícil de igualar, especialmente en materia de comunicación institucional. Durante su período, la Fiscalía informaba de manera constante sobre allanamientos, investigaciones y avances procesales. Hoy, esto es percibido como ausente.
Aumala señaló que el carácter transitorio de la actual autoridad fiscal podría influir en un modelo de trabajo más reservado. Aunque subrayó que los casos de corrupción recientes, por su impacto público, requieren un mínimo de información para garantizar transparencia y confianza ciudadana.
Casos pendientes y el debate sobre su legado
Pese a su protagonismo, el legado de Diana Salazar no estuvo exento de pendientes. Investigaciones como el caso Encuentro y el esclarecimiento del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio quedaron abiertas y continúan siendo un desafío para la Fiscalía.
Para analistas como Paúl Córdova, el período posterior a Salazar plantea la necesidad de una política institucional clara que permita evaluar la gestión transitoria y definir el rumbo del Ministerio Público. Además, no se debe perder de vista que la exfiscal también asumió, en ciertos momentos, un rol con fuerte impacto político.
El cierre de su gestión no solo marca el fin de una etapa. También plantea interrogantes clave sobre la continuidad de la lucha contra la corrupción y la capacidad del Estado para sostener investigaciones estructurales sin un liderazgo plenamente legitimado.
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