El martes, la Fiscalía General del Estado de Ecuador anunció la detención de un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) como parte de una investigación por presunto lavado de activos. Este acontecimiento marca un paso significativo en la lucha contra el crimen financiero en el país.
Operativo y allanamientos en Quito
El operativo, llevado a cabo el lunes 15 de julio, incluyó siete allanamientos en diferentes ubicaciones de Quito, provincia de Pichincha. Como resultado, se ejecutaron tres órdenes de detención relacionadas con un presunto lavado de activos que involucra un total estimado de 9 millones de dólares.
Detalles de la investigación
Según las investigaciones preliminares, los detenidos pertenecerían a un grupo familiar que supuestamente ha utilizado el sistema financiero nacional para blanquear dinero. Las actividades reportadas incluyen ser comisionistas, operaciones de compraventa de divisas y préstamos, todas utilizadas como mecanismos para ocultar el origen ilícito de fondos.
Uno de los detenidos, identificado como funcionario de la UAFE, habría utilizado su posición para evitar que las transacciones sospechosas fueran detectadas por las autoridades pertinentes.
Monto de activos y resultados de la investigación
Las investigaciones revelaron que, entre los años 2016 y 2023, los ingresos totales de los individuos investigados ascienden a 21’683.451,12 dólares. Este descubrimiento subraya la magnitud del presunto esquema de lavado de activos y su impacto potencial en la economía nacional.
Proceso judicial y marco legal
La audiencia de formulación de cargos para los detenidos está programada para el martes 16 de julio. El delito de lavado de activos está definido y sancionado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador, que contempla penas severas para quienes participen en actividades de blanqueo de capitales.
Este caso, conocido como “Caso Metástasis”, representa uno de los primeros avances significativos en la lucha contra la delincuencia organizada en el país, evidenciando la colaboración entre las autoridades y la determinación en la persecución de actividades ilícitas que afectan la estabilidad financiera y legal de Ecuador.
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