Consejo de la Judicatura destituye a magistrado por infracción disciplinaria grave
El Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió, por unanimidad, destituir al juez B.F.R.C. de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Cuenca. La decisión fue adoptada durante la sesión ordinaria No. 053-2025, realizada el 17 de junio. El motivo: la concesión de beneficios penitenciarios irregulares a 28 personas privadas de libertad, en contravención a la normativa legal vigente.
El juez otorgó prelibertades y regímenes semiabiertos a detenidos que no cumplían los requisitos jurídicos mínimos. Esta actuación fue calificada como una infracción disciplinaria gravísima por error inexcusable. Las autoridades señalaron que se violaron principios fundamentales como la seguridad jurídica y el respeto al debido proceso.
Denuncias e investigaciones revelan fallos judiciales
La denuncia fue presentada el 17 de diciembre de 2024 por los legisladores Sofía Sánchez, Adrián Castro, Leonardo Berrezueta y Diego Matovelle. Tras esta acción, el 29 de enero de 2025, la Corte Provincial del Azuay emitió la declaración jurisdiccional previa. La investigación demostró que el juez favoreció a sentenciados por delitos graves como violación, asesinato, homicidio, robo y tráfico de drogas.
En sus resoluciones, el magistrado utilizó criterios subjetivos que ignoraban la normativa penal. Esto permitió la aplicación de beneficios penitenciarios irregulares, generando preocupación por el debilitamiento de la institucionalidad judicial y el riesgo de impunidad.
Afectación a la confianza pública y precedente disciplinario
La actuación del juez representó una amenaza directa contra el Estado de derecho. El uso de beneficios penitenciarios irregulares minó la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia y dejó expuestos procesos judiciales de alta sensibilidad social. Por ello, la medida adoptada busca recuperar la credibilidad del sistema y evitar futuras actuaciones arbitrarias.
La destitución sienta un precedente importante para evitar que se repitan decisiones judiciales contrarias al marco legal. Asimismo, fortalece la rendición de cuentas dentro del sistema de justicia y garantiza que los beneficios penitenciarios irregulares no pasen inadvertidos ni sin sanción.
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