El presidente electo, Daniel Noboa Azín (ADN), enfrentará desafíos financieros significativos al asumir su cargo este 23 de noviembre. Se le otorgan 90 días para desarrollar la proforma presupuestaria del 2024, con una necesidad de financiamiento estimada en $11.000 millones. Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal, destaca que el país hereda un déficit superior a los $6.000 millones.
La complejidad se agrava por la falta de recursos en caja para finales del 2023, lo que podría resultar en problemas para el pago de salarios desde el principio de su mandato. Además, la proforma del 2023, aprobada en diciembre del 2022 por $31.502 millones, se prorroga hasta el 2024 debido a la falta de normativas claras tras la muerte cruzada.
El análisis financiero indica que la caída de impuestos, como el impuesto a la salida de divisas y la recaudación especial al patrimonio de las empresas, afectará los ingresos del 2024. El gasto se verá presionado por eventos como El Niño, aumentos salariales y contrataciones adicionales. Carrera advierte que reducir el déficit será prácticamente imposible.
El nuevo Gobierno enfrentará atrasos de hasta $3.000 millones para finales del 2023, generando tensiones con jubilados, proveedores y sectores afectados. Ante esta situación, se insta a una comunicación transparente con la ciudadanía para construir un acuerdo nacional sobre la escasez de recursos y establecer un programa fiscal y económico confiable.
