Tres niños ciudadanos estadounidenses fueron deportados junto a sus madres a Honduras la semana pasada, encendiendo nuevamente el debate sobre las prácticas migratorias en Estados Unidos. Entre los menores se encontraba un niño de cuatro años que estaba recibiendo tratamiento contra un cáncer metastásico. Según denunciaron organizaciones de derechos civiles e inmigración como la ACLU (Unión Estadounidense de Libertades Civiles) y el Proyecto Nacional de Inmigración (NIP).
Las familias habían sido detenidas mientras asistían a reuniones rutinarias bajo el Programa de Comparecencia bajo Supervisión Intensiva (ISAP) en Louisiana. Lo que plantea serias dudas sobre la legalidad del procedimiento.
El impacto del proceso: falta de debido proceso y detenciones inesperadas
Según los defensores de las familias, las deportaciones evidencian una preocupante erosión del debido proceso. Gracie Willis, abogada del Proyecto Nacional de Inmigración, señaló que estos casos representan una violación alarmante de los derechos legales fundamentales. “Presenciamos en tiempo real una erosión del debido proceso”, declaró Willis.
La detención de las madres ocurrió sin previo aviso, durante citas programadas de rutina. Los abogados argumentan que sus clientes no tuvieron oportunidad de impugnar la deportación ni de garantizar la protección de los derechos de sus hijos ciudadanos estadounidenses.
Casos específicos: familias separadas sin acceso a sus abogados
CNN reportó que en uno de los casos, una madre fue detenida junto a su hijo de dos años y su hija de once años. Aunque un juez había ordenado una audiencia para el 16 de mayo para discutir la deportación de la menor. La familia fue expulsada antes de que se llevara a cabo dicha audiencia, desobedeciendo principios legales básicos que protegen a ciudadanos estadounidenses de deportaciones arbitrarias.
En el segundo caso, otra madre fue detenida al llevar a sus hijos de cuatro y siete años a una revisión de ISAP en Saint Rose. Cerca de Nueva Orleans. Su abogada, Erin Hebert, afirmó que no pudo acompañarlos ni conocer su paradero tras la detención. Posteriormente, descubrió que fueron deportados a Honduras menos de 24 horas después de ser detenidos.
Alegaciones de consentimiento: controversias sobre una nota manuscrita
El Gobierno argumentó que una de las madres había solicitado llevarse a su hijo a Honduras, basándose en una supuesta nota manuscrita. Sin embargo, la abogada Gracie Willis refutó esta afirmación, asegurando que las madres nunca expresaron el deseo de sacar a sus hijos del país. “La nota manuscrita no constituye una declaración de deseo”, afirmó.
Willis recalcó que ambas mujeres deseaban que sus hijos permanecieran en Estados Unidos, donde tienen familiares que podrían haberlos cuidado. Que el niño de cuatro años todavía recibía un tratamiento médico crucial.
Reacciones de las organizaciones de derechos civiles
La directora ejecutiva de la ACLU de Louisiana, Alanah Odoms, denunció públicamente el caso. Señalando la gravedad de deportar a menores ciudadanos estadounidenses con enfermedades terminales o afecciones médicas serias. “Estas son madres, estas son mujeres embarazadas. Estos son niños”, remarcó Odoms, enfatizando que las prácticas de ICE muestran mediante una preocupante falta de humanidad y de respeto a la ley.
Además, advirtió que si estas acciones pueden ocurrir en el marco del cumplimiento de citas rutinarias de supervisión. Ningún residente estaría a salvo de posibles actos ilegales de las autoridades de inmigración.
Preocupaciones futuras ante deportaciones: ¿quién protege a los ciudadanos más vulnerables?
Este caso pone en relieve las tensiones actuales entre el cumplimiento de las leyes de inmigración y los derechos constitucionales de los ciudadanos estadounidenses. Abogados, activistas y defensores de derechos humanos alertan sobre el riesgo de que se sigan vulnerando derechos fundamentales bajo políticas migratorias agresivas. Especialmente en casos donde hay niños y personas vulnerables involucradas.
La situación ha provocado llamados urgentes a revisar y reformar los procedimientos migratorios, para garantizar que nunca más se repitan deportaciones inconstitucionales de ciudadanos estadounidenses. Es por ello que, particularmente menores de edad que dependen de atención médica vital.
Fuente: El Comercio
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