Guayaquil, julio 2025.- Ecuador atraviesa una situación económica delicada que está llevando a miles de ciudadanos a vivir al límite del endeudamiento y enfrentar demandas por deudas. Según datos de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ASOBANCA), tres de cada diez personas tienen actualmente una calificación mala o pésima en el buró de crédito debido a atrasos en los pagos en los últimos 36 meses.
A esto se suma una preocupante realidad detectada por la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD), la Universidad San Francisco de Quito y Equifax: el ecuatoriano promedio puede tener entre 13 y 19 operaciones crediticias activas, lo que para muchos se ha vuelto inmanejable. Este endeudamiento extremo está incrementando también las demandas por deudas, que muchas familias enfrentan como consecuencia. Como agravante, la empresa de investigación Kantar ha detectado un incremento del 46% en el uso de tarjetas de crédito para la compra de productos básicos, lo que evidencia que las familias están recurriendo al crédito no para lujos, sino para sobrevivir.
Este escenario de sobreendeudamiento no solo afecta la calidad de vida, sino que también puede derivar en demandas judiciales por deudas, con consecuencias económicas y legales de gran impacto.
Las consecuencias de una demanda por deudas
Cuando una persona deja de pagar una deuda, el acreedor suele iniciar primero una fase de cobranza extrajudicial, con insistentes llamadas y propuestas de refinanciamiento. Sin embargo, si no hay acuerdo, se procede con una demanda judicial por deudas. “El proceso comienza con la notificación formal al domicilio del demandado. Si no se responde en 15 días hábiles en un juicio ejecutivo, se dicta sentencia en rebeldía, lo que impide cualquier tipo de apelación o defensa”, explica César Coronel Garcés, abogado de Defensa Deudores Ecuador, el primer estudio jurídico especializado en deudas en el país.
En ese punto, el acreedor puede solicitar el embargo y posterior remate de bienes. “Si bien no existe prisión por deudas, excepto en caso de pensiones alimenticias, si el acreedor es una entidad pública, empresa pública o banco público, el Estado puede iniciar procesos coactivos que implican medidas cautelares como la retención de fondos en cuentas. Además, es importante indicar que los garantes también pueden ser demandados por deudas y obligados a pagar”, señala.
En casos extremos, el deudor puede ser declarado insolvente, lo que implica la pérdida del control sobre sus bienes, la imposibilidad de acceder a créditos, celebrar contratos o ejercer cargos de representación y la prohibición de salida del país. Coronel lo resume así: “Ser declarado insolvente es una especie de muerte civil que puede durar hasta 10 años”.
Derechos, deberes y errores comunes
Tanto los deudores como los acreedores tienen derechos y obligaciones. Por eso, Coronel insiste en que el peor error es actuar por impulso. “Muchos deudores cometen el error de contactar directamente a su acreedor, sin haber consultado a un abogado. Esto puede llevarlos a firmar acuerdos perjudiciales o reactivar deudas ya prescritas”. No actuar con asesoría correcta podría incluso agravar la situación de demanda.
También advierte sobre el riesgo de perder oportunidades de defensa como la prescripción de la deuda o la impugnación de documentos si no se responde correctamente a la demanda.
Recomendaciones ante una demanda judicial
Para quienes enfrentan problemas de pago o ya han sido demandados por deudas, el abogado Coronel recomienda:
- Mantener la calma: La desesperación puede llevar a decisiones apresuradas.
- Evitar contacto directo con el acreedor: No negociar sin asesoría legal.
- Actuar con rapidez: Los plazos judiciales son cortos y decisivos.
- Buscar asesoría especializada: Un abogado experto puede detectar irregularidades o alternativas de defensa.
- Monitorear constantemente la web del Consejo de la Judicatura: Es vital para identificar demandas por deudas en su contra antes de que se dicte sentencia.
En medio de una crisis económica profunda, es fundamental educarse financieramente, revisar constantemente la situación crediticia personal y, ante cualquier señal de alerta, buscar ayuda legal profesional. Como afirma César Coronel: “Toda deuda tiene una solución si se actúa a tiempo y con respaldo jurídico”.
Sobre DefensaDeudores.ec
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