Ecuador enfrenta un déficit alarmante de 753 jueces que impacta directamente en la celeridad de los procesos judiciales. Esto mina la confianza de la ciudadanía en la justicia. De acuerdo con el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, 11 vacantes corresponden a la Corte Nacional, 57 a las Cortes Provinciales, 46 a Tribunales Distritales, 53 a Tribunales Penales, 470 a Unidades Judiciales y 116 en materia constitucional. Este vacío judicial representa una afectación de USD 50,4 millones al presupuesto anual del organismo. Se suma a las limitaciones que enfrenta en infraestructura y operatividad.
Godoy detalló que el 50,61% de las dependencias judiciales están en estado crítico, con deficiencias estructurales y funcionales severas que comprometen el servicio. El 35,51% se encuentra en estado regular, con deterioros que amenazan su operatividad a corto plazo, mientras apenas el 13,88% se mantiene en buen estado.
«Una crisis deplorable» según gremios de abogados
El presidente de la Federación Nacional de Abogados, Paúl Ocaña, calificó la situación como “cada vez más deplorable”. Mencionó que incluso faltan recursos para cubrir insumos básicos como tinta y papel para citaciones. Este déficit de recursos genera cuellos de botella. Paralizan o ralentizan trámites esenciales y, por ende, retrasan los procesos penales y civiles en todo el país.
Ocaña subrayó que la falta de jueces hace que la justicia sea más lenta. También que la ciudadanía pierda la confianza, al evidenciarse avances mínimos en los procesos. Esto afecta el principio constitucional que sitúa a la justicia como un pilar junto a la salud y la educación.
Propuesta de reformas para transparentar concursos y procesos de evaluación
Ante este panorama, Mario Godoy presentó ante la Comisión de Justicia una serie de propuestas de reforma al Código Orgánico de la Función Judicial. Destaca la ejecución de concursos de selección con terminología y parámetros unificados para las pruebas de confianza. Con ello, se busca que el proceso de selección de jueces sea transparente y eficiente.
Paúl Ocaña, por su parte, pidió que la academia y los gremios de abogados puedan participar en la elaboración de estos formatos de concursos. Esto garantizaría la transparencia y evitaría designaciones “a dedo”. Advirtió que “lo que no puede pasar es que se designen jueces a dedo”. Insistió en que la independencia judicial se fortalece con procesos técnicos y abiertos a la observación ciudadana.
Vigilancia ciudadana para evitar arbitrariedades en cambios de personal
Otra de las propuestas de reforma contempla la evaluación y categorización anual de los servidores judiciales. De este modo, aquellos que no cumplan con los estándares puedan ser removidos de inmediato. Ocaña enfatizó la necesidad de conformar veedurías ciudadanas para vigilar estos procesos de evaluación. El objetivo es proteger a los funcionarios competentes y evitar cambios arbitrarios por intereses políticos.
“Esto para evitar que caigamos en errores como sacar a buenos funcionarios y poner nuevos a dedo, sin que haya un concurso real”, reiteró Ocaña. Recordó que la independencia judicial y la eficiencia dependen de que las designaciones sean meritocráticas y no políticas.
La justicia, un pilar que requiere atención urgente
El sistema judicial ecuatoriano enfrenta un momento crítico que requiere atención prioritaria y decisiones estructurales inmediatas. Sin suficientes jueces, infraestructura en mal estado y sin recursos operativos básicos, la justicia pierde capacidad de respuesta. Mientras tanto, la ciudadanía se aleja de un sistema que debería ser garante de derechos y de paz social.
La implementación de concursos transparentes, reformas al proceso de evaluación de jueces y la participación de la academia y la sociedad civil serán clave. Esto ayudará a reconstruir la confianza. Además, garantizará una justicia oportuna, accesible y libre de corrupción en Ecuador.
Fuente: FM Mundo
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