El presidente Daniel Noboa remitió a la Asamblea Nacional dos proyectos de ley económicos urgentes el 28 de enero de 2026. De este modo, marcó el inicio de su agenda legislativa del año con reformas enfocadas en sectores estratégicos y en la eficiencia del gasto de los gobiernos locales.
Las iniciativas fueron entregadas por el secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería. Él afirmó que ambas cumplen con el principio de unidad de materia. Además, están habilitadas para su tratamiento simultáneo debido al estado de excepción vigente en el país.
Estado de excepción permite enviar dos proyectos urgentes
De acuerdo con la Constitución, el Ejecutivo puede enviar un solo proyecto económico urgente a la vez. El trámite no debe superar los 30 días. Sin embargo, el estado de excepción faculta al Gobierno a presentar dos iniciativas de manera paralela.
Herrería señaló que esta atribución constitucional permite acelerar reformas consideradas clave para la estabilidad económica y el desarrollo del país.
Reforma apunta a cambiar el uso del presupuesto de los GAD
Uno de los proyectos propone modificar el Código Orgánico de Organización Territorial. El objetivo es mejorar la sostenibilidad financiera y la eficiencia del gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Según el Ejecutivo, la baja inversión en obra pública y servicios básicos en los gobiernos locales ha generado una presión constante sobre el Estado central.
En 2024, menos del 39% del presupuesto de los GAD se destinó, en promedio, a ejecución de obras y provisión de servicios como agua potable, saneamiento e infraestructura local.
La reforma plantea que al menos el 70% del presupuesto de los gobiernos locales se dirija a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos. Para esto, se propone hacerlo bajo mecanismos de control y rendición de cuentas.
Daniel Noboa impulsa cambios legales para minería y energía
El segundo proyecto se enfoca en el fortalecimiento de los sectores minero y energético. Incorpora ajustes tras una sentencia de la Corte Constitucional emitida en diciembre de 2025.
El fallo declaró inconstitucional una norma que permitía concesionar servicios eléctricos al sector privado sin criterios claros. Por lo tanto, el nuevo texto establece reglas explícitas para la inversión privada en energía. Así se garantiza la provisión del servicio y la participación estatal.
En el ámbito minero, el Gobierno sostiene que la normativa actual retrasa la inversión y el retorno de recursos. Por ello, la propuesta busca agilizar la captación de tributos y beneficios económicos derivados de la actividad extractiva.
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