La Asamblea Nacional dio un paso clave en el fortalecimiento del sistema de salud tras la aprobación del informe para segundo debate de la Ley Orgánica para la Atención Integral del Cáncer. La decisión fue adoptada por unanimidad en la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte, con el respaldo de nueve legisladores.
El proyecto busca responder de manera estructural a una enfermedad que mantiene una alta incidencia en el país. Además, representa una de las principales causas de mortalidad a nivel nacional.
Prevención y diagnóstico temprano como política de Estado
La propuesta legislativa, impulsada por la asambleísta Annabella Azin, plantea la creación de un modelo permanente enfocado en la prevención y el diagnóstico oportuno del cáncer. En este marco, el Sistema Nacional de Salud tendrá la obligación de garantizar tratamientos integrales y procesos de rehabilitación sin discriminación.
Además, la normativa establece que la atención oncológica sea un derecho efectivo. De este modo, se eliminan barreras económicas y territoriales que históricamente han limitado el acceso a servicios especializados.
Marco legal estructurado en siete ejes
El texto del proyecto se organiza en siete capítulos que abarcan principios de bioética, atención médica especializada, participación ciudadana y protección de derechos. Entre sus ejes se incluyen la equidad, la universalidad y la humanización del servicio de salud, sustentados en evidencia científica actualizada.
Durante su construcción, se incorporaron aportes de la sociedad civil y de la academia. Esto permitió asegurar su concordancia con la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.
Garantías laborales y derecho al olvido oncológico
Uno de los avances más relevantes es la protección de la estabilidad laboral de las personas diagnosticadas con cáncer. Esta medida impide que la condición médica sea utilizada como causal de despido o discriminación, tanto en el sector público como en el privado.
Asimismo, el proyecto introduce el derecho al olvido oncológico, que prohíbe a aseguradoras y entidades financieras exigir antecedentes médicos a personas que han superado la enfermedad. Por ello, se facilita su reinserción social y económica.
Obligaciones de prestadores y cuidados paliativos
La ley establece obligaciones claras para los prestadores de servicios de salud. Estos deberán cumplir protocolos clínicos actualizados, garantizar el consentimiento informado y brindar información clara a pacientes y familiares.
De igual manera, se refuerza la atención en cuidados paliativos integrales. Además, se reconoce la importancia del acompañamiento médico y psicológico durante todas las etapas de la enfermedad.
Atención prioritaria a niños y adolescentes
El proyecto dedica un capítulo específico a la atención de niños, niñas y adolescentes. Bajo el principio del interés superior del menor, se garantiza el acceso prioritario a diagnósticos tempranos, tratamientos especializados y continuidad educativa.
También se contempla un registro actualizado de medicamentos oncológicos pediátricos, lo que permitirá respuestas más ágiles del sistema de salud ante casos infantiles.
Institucionalidad y financiamiento del sistema
Para asegurar la aplicación de la normativa, la Asamblea Nacional plantea la creación del Plan Nacional del Cáncer y de un Comité Nacional especializado. Estas instancias estarán a cargo del Registro Nacional del Cáncer. Esta herramienta será clave para medir la incidencia de la enfermedad y fortalecer la red de atención especializada.
El financiamiento provendrá de recursos específicos generados por la contribución especial a operaciones de crédito. Estos recursos tendrán uso exclusivo y estarán bajo control de la autoridad sanitaria.
Camino al debate final
Con la aprobación del informe, la Comisión de Salud recomendó al Pleno de la Asamblea Nacional avanzar hacia la aprobación definitiva de la ley. La recomendación está alineada con lineamientos de la OMS y la OPS.
Este avance legislativo consolida una política de Estado orientada a garantizar el derecho a la salud y a una atención oncológica digna para miles de ciudadanos.
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