Han pasado más de tres meses desde que el Consejo de la Judicatura designó a Carlos Leonardo Alarcón como fiscal general encargado, mediante la resolución 072-2025 del 3 de octubre. Desde entonces, una acción de inconstitucionalidad presentada por la Revolución Ciudadana permanece sin avances visibles en la Corte Constitucional. Esto ha generado cuestionamientos sobre la falta de celeridad en un caso considerado de alto interés público.
La demanda fue ingresada el 8 de octubre de 2025 y sorteada de manera automática, quedando radicada en el despacho del juez José Luis Terán. Hasta el momento, el expediente continúa en etapa preliminar, a la espera de que la Sala de Admisión se pronuncie sobre su admisión o descarte.
Un proceso que no avanza en la Corte
La Corte Constitucional informó que el estado procesal del caso no ha variado y que el expediente sigue pendiente de conocimiento formal. Mientras no exista un pronunciamiento de la Sala correspondiente, el organismo sostiene que no puede adelantar criterios. Además, no puede resolver sobre eventuales medidas cautelares solicitadas dentro de la acción.
Este estancamiento ha provocado inquietud en sectores políticos y jurídicos. Ellos consideran que la designación del fiscal encargado incide directamente en la institucionalidad del sistema de justicia y en la seguridad jurídica del país.
Los argumentos detrás de la acción de inconstitucionalidad
La Revolución Ciudadana sostiene que la Constitución no contempla la figura de un fiscal subrogante del subrogante. También afirma que la competencia para designar al fiscal general corresponde exclusivamente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de concursos de méritos y oposición. Bajo este argumento, se cuestiona que la Judicatura haya asumido una atribución que no le correspondería.
Este planteamiento ha sido respaldado por diversos actores del ámbito legal. Ellos advierten que una eventual irregularidad en la designación podría afectar la legitimidad de la Fiscalía.
Pedidos para priorizar la causa
El asambleísta Luis Fernando Molina señaló que la Corte Constitucional tiene la facultad de priorizar causas cuando existe urgencia o relevancia nacional. A su criterio, este caso cumple con esos criterios. Esto se debe a que se presume un posible vicio de inconstitucionalidad y se trata de un tema de interés general.
Molina aclaró que el debate no busca deslegitimar la trayectoria personal de Carlos Alarcón, sino garantizar el estricto cumplimiento de la ley y la estabilidad institucional. Esto es especialmente importante en un contexto de cuestionamientos al Consejo de la Judicatura y a su presidente, Mario Godoy.
Opiniones desde el ámbito jurídico
El exjuez constitucional Hernán Salgado consideró que, por la importancia del caso, la Corte debería inclinarse por priorizar su tratamiento. Aunque no conoce los detalles procesales, señaló que la trascendencia institucional de la Fiscalía amerita una respuesta oportuna.
En la misma línea, la abogada Annabell Guerrero afirmó que la Corte debería romper el orden cronológico en casos que dejan al país en una situación de indefensión. Según su análisis, la falta de una Fiscalía percibida como independiente agrava la crisis de legitimidad del sistema de justicia.
Guerrero también cuestionó la actuación del fiscal encargado frente a denuncias sensibles, señalando que no se habrían ejecutado todas las diligencias necesarias para la recolección de pruebas. Esto ocurre en medio de un escenario de desconfianza ciudadana.
Un escenario incierto para la demanda
El abogado constitucionalista Sebastián López expresó una visión menos optimista y consideró poco probable que la Corte avance en el corto plazo con esta acción de inconstitucionalidad. Recordó que el organismo enfrenta una alta carga de causas represadas. Además, solo de manera excepcional altera el orden cronológico, pese a reconocer que existe discrecionalidad para hacerlo.
El trasfondo del debate se relaciona con el retraso en la designación del fiscal titular. Este proceso debía concluir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en abril de 2025, cuando Diana Salazar cumplió su periodo. Mientras tanto, la falta de un pronunciamiento constitucional mantiene abierta una controversia clave para la institucionalidad del país.
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