La Corte Constitucional atraviesa un periodo de lentitud en la resolución de los casos más sensibles impulsados por el Gobierno de Daniel Noboa. Tras anular dos leyes y bloquear varias propuestas de reforma constitucional, el máximo tribunal mantiene pendientes decisiones. Estas decisiones afectan directamente al Ejecutivo y a la seguridad jurídica del país.
Durante 2025, la Corte fue protagonista de un fuerte debate público luego de declarar inconstitucionales normas consideradas prioritarias por el oficialismo. Ese escenario derivó en una confrontación abierta desde Carondelet y coincidió con un cambio en la dinámica de resolución de causas relacionadas con el Gobierno.
Fallos que marcaron un quiebre en la relación con el Ejecutivo
Las sentencias que dejaron sin efecto las leyes de Integridad Pública y Solidaridad Nacional, junto con la inadmisión de siete proyectos de modificación constitucional, provocaron una reacción directa del presidente Noboa. En consecuencia, el presidente acusó a la Corte de obstaculizar la solución de los problemas del país.
A esto se sumó el cambio de tres jueces constitucionales, un hecho que influyó en el ritmo de los procesos. Desde entonces, las decisiones sobre normas impulsadas por el oficialismo se han reducido notablemente.
El 10 de enero, el Mandatario volvió a cuestionar al tribunal tras una sentencia que declaró inconstitucional una reforma de 2021 sobre concesiones eléctricas. Aunque el fallo no impedía la delegación de sectores estratégicos, el pronunciamiento reactivó los ataques públicos contra los nueve magistrados.
Cuatro leyes con demandas sin resolver
Actualmente, la Corte Constitucional tiene en trámite 29 demandas de inconstitucionalidad contra cuatro leyes aprobadas por el Gobierno. Estas leyes son Inteligencia, Áreas Protegidas, Transparencia Social y Sostenibilidad Crediticia.
Las acciones contra la Ley de Inteligencia fueron presentadas en julio de 2025, poco después de su entrada en vigencia. Los demandantes alegan riesgos para la transparencia estatal, vulneraciones a libertades civiles y contradicciones con la Constitución. Estas cuatro demandas fueron unificadas y llevan 205 días sin resolución.
El contraste es evidente si se compara con la sentencia sobre la Ley de Integridad Pública. Esa sentencia fue resuelta en 88 días pese a acumular decenas de acciones.
Los retrasos se repiten en otras normas. Por ejemplo, la Ley de Áreas Protegidas lleva 194 días en espera. La Ley de Transparencia Social acumula 141 días; y la Ley de Sostenibilidad Crediticia, 111 días sin pronunciamiento.
A estos casos se suma uno de los más prolongados. Las 13 demandas contra la Ley para el Conflicto Armado, aprobada en marzo de 2024 y que elevó el IVA al 15%, siguen pendientes. Ese expediente acumula 675 días sin sentencia.
Estados de excepción bajo la lupa constitucional
Otra de las herramientas recurrentes del Ejecutivo ha sido el estado de excepción. El más reciente se decretó el 31 de diciembre y elevó a 19 el número de decretos emitidos durante el mandato de Noboa. En total, los ecuatorianos han vivido 745 días bajo este régimen.
Pese a ello, 2025 cerró como el año más violento de la historia del país. Hubo 9.216 homicidios, lo que refuerza el criterio sostenido por la Corte. Según la Corte, los estados de excepción no resuelven los problemas estructurales de la delincuencia organizada.
Cuando los magistrados exigieron resultados, planificación y medidas ordinarias a largo plazo, el presidente cuestionó esas decisiones. Además, acusó al tribunal de invadir competencias del Ejecutivo. Desde la única reunión interinstitucional, realizada en julio de 2025, no se han agregado informes de seguimiento al sistema.
Aunque existe la percepción de que los dictámenes sobre estados de excepción demoran cada vez más, los tiempos no han sido uniformes. Algunos decretos recibieron respuesta en dos semanas. Mientras tanto, otros, como el emitido durante el paro nacional de octubre, obtuvieron dictamen casi un mes después de haber sido derogado por el propio Ejecutivo. El último decreto, en cambio, ya supera los 25 días sin pronunciamiento.
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