El concurso para designar al nuevo Fiscal General del Estado avanzó a una de sus etapas más decisivas con la posesión de la Comisión Ciudadana de Selección. Esto ocurrió pese a que varios de sus integrantes no obtuvieron las mejores calificaciones y arrastran cuestionamientos sobre el cumplimiento de requisitos básicos.
Luego de meses de intentos fallidos, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social logró conformar y posesionar a la Comisión el 23 de enero de 2026. Se activó formalmente un proceso que, según el cronograma oficial, debería concluir antes de julio de 2026. En juego está la designación de la máxima autoridad del Ministerio Público. Actualmente, Carlos Alarcón ocupa este cargo de forma encargada desde noviembre de 2025.
El Consejo sostiene que el proceso no puede extenderse más de cuatro meses, con una posible prórroga de dos meses. De superarse ese límite, los comisionados podrían ser destituidos y obligados a responder ante la Contraloría por el uso de recursos públicos.
Cuestionamientos a la idoneidad de los comisionados
Las principales críticas se concentran en los representantes de la ciudadanía dentro de la Comisión de Selección. La Veeduría Ciudadana del concurso advierte que más de la mitad de los 20 miembros, entre titulares y suplentes, no habría cumplido con los requisitos exigidos en la fase de méritos y oposición.
De acuerdo con los datos oficiales, el puntaje más bajo registrado fue de 17,5 sobre 50 puntos. Esta cifra ha encendido alertas considerando que estos comisionados tendrán la responsabilidad de elegir a una de las autoridades más importantes del sistema judicial ecuatoriano.
Según el presidente de la Veeduría, Hugo Arteaga Vinueza, 13 integrantes no alcanzaron estándares mínimos y aun así fueron habilitados para continuar en el proceso. A su criterio, esto debilita la legitimidad del concurso desde su origen.
Puntajes bajos y un sorteo polémico
Otro elemento que ha generado controversia es el mecanismo de selección final. La normativa establece que, una vez definidos los 15 hombres y 15 mujeres con mejor puntuación, se realice un sorteo público para escoger a titulares y suplentes.
Este procedimiento dejó fuera a aspirantes con calificaciones superiores a 40 puntos. Además, incorporó a otros con notas inferiores a 25, lo que, según la Veeduría, distorsionó la fase de méritos y oposición y afectó el principio de excelencia que debería regir el proceso.
La postura del Consejo de Participación
Desde el Consejo de Participación Ciudadana se defiende la legalidad del concurso. Sus autoridades recalcan que el reglamento no fija un puntaje mínimo y que el único criterio exigido es ubicarse entre los mejores puntuados para acceder al sorteo.
El organismo también recordó que los comisionados delegados por las funciones del Estado no atraviesan la fase de méritos y oposición. Su designación responde a representaciones institucionales previamente establecidas.
Capacitación y próximos pasos
Tras la posesión, los integrantes de la Comisión recibirán una inducción administrativa, conforme al reglamento vigente. Esta capacitación estará enfocada en aspectos operativos, financieros y de transparencia, más que en contenidos jurídicos o de política criminal.
En paralelo, la Comisión deberá elegir a sus autoridades internas, aprobar un cronograma y convocar oficialmente a los postulantes al cargo de Fiscal General del Estado. Aunque el Consejo sostiene que el plazo empieza a contar tras la convocatoria, el reglamento reformado señala que el tiempo corre desde el 22 de enero de 2026. Esto añade presión a un proceso que ya enfrenta múltiples observaciones.
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