La Corte Constitucional ha admitido a trámite la demanda presentada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) contra el decreto ejecutivo 754, emitido por el presidente Lasso el 31 de mayo de 2023. Este decreto reformó el Código Orgánico del Ambiente para agilizar los procesos de consulta ambiental.
La consulta ambiental implica la socialización de detalles de proyectos de extracción de recursos o actividades con impacto ambiental con las comunidades involucradas. Sin esta consulta, el Ministerio de Ambiente no puede emitir las licencias ambientales necesarias para que empresas, tanto públicas como privadas, lleven a cabo inversiones en el país.
Las dificultades para realizar la consulta ambiental han afectado a más de 150 proyectos, dejándolos en suspenso y sin poder obtener las licencias necesarias, según datos del Ministerio de Ambiente.
La Conaie se opuso desde el principio a la consulta prelegislativa antes de la elaboración del decreto y presentó una demanda ante la Corte Constitucional para que no se aplique la consulta ambiental.
La admisión a trámite de la demanda significa la suspensión del decreto que regula la consulta ambiental mientras se resuelve el caso, lo cual ha sido calificado como un “duro golpe al sector productivo” por el abogado Emilio Suárez.
La abogada Michelle Sarmiento, especialista en derecho constitucional y derecho penal económico, cuestionó cuánto tiempo tomará a la Corte Constitucional resolver la demanda, mientras tanto, el sector productivo queda paralizado.
El viceministro de Gobierno, Mario Cuvi, expresó en Twitter que esta decisión resultará en “proyectos productivos congelados”.
Entre los proyectos afectados se encuentran actividades mineras, tratamiento de aguas e inversiones en el sector hotelero.
Fernando Benalcázar, exviceministro de minas, señaló que Ecuador es percibido por los inversionistas como un país con Incertidumbre, Inestabilidad e Inseguridad jurídica (Triple I). Esto se agrava si aún se necesita una licencia ambiental.
La Ecuménica de Derechos Humanos celebró en Twitter la decisión de la Corte Constitucional, afirmando que queda suspendida la inconstitucional consulta ambiental promovida por el gobierno de Guillermo Lasso a través del Ministerio de Ambiente.
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