El contrato civil de prestación de servicios se ha convertido en una vía para encubrir relaciones laborales irregulares en Ecuador. Así lo evidencia el caso de Nancy, una madre soltera de 36 años que trabaja en un negocio de comercio en Quito bajo esta modalidad, pese a cumplir jornadas de diez horas diarias.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), con corte a mayo de 2026, solo 36 de cada 100 ecuatorianos en edad de trabajar tienen un empleo adecuado o pleno, es decir, cumplen ocho horas diarias y ganan al menos el salario básico unificado (SBU), fijado en USD 482 para 2026. El resto enfrenta condiciones más vulnerables, como el subempleo o el empleo no remunerado.
El testimonio de una trabajadora bajo contrato civil
Nancy llegó a Quito luego de que su esposo abandonara el hogar y tuvo que dejar sus estudios de Administración de Empresas por problemas económicos familiares. Desde entonces ha encadenado empleos informales sin afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ni salario completo.
En su trabajo actual, iniciado hace casi tres meses, cumple un horario de 08:00 a 19:00, de lunes a sábado, sin pago de horas extras. Además, la empresa le informó que no la afiliaría al IESS durante el periodo de prueba, algo que ella misma reconoce como ilegal, aunque asegura que debe continuar por sus dos hijos, de 3 y 11 años.
Entre sus funciones están atender clientes, pesar y despachar productos, manejar la caja, limpiar el local, organizar la bodega y cargar bultos. El salario básico se le paga, aunque sin fecha fija; en ocasiones debe recordarle al empleador que ya cumplió el mes de trabajo.
Tras varias semanas, le hicieron firmar un contrato civil de prestación de servicios que la describe como trabajadora «autónoma e independiente», sin relación de dependencia. Esto implica que no tiene derecho a décimos, fondos de reserva ni utilidades, y que enfrenta un descuento económico por inasistencias injustificadas.
Diferencias entre contrato laboral y contrato civil
De acuerdo con Omar Vaca, docente de la Business School de la UIDE, la diferencia principal entre ambas figuras radica en la relación de dependencia. En el contrato laboral existe subordinación, horario fijo, rol de pagos y afiliación obligatoria al IESS. En cambio, el contrato civil supone autonomía, cobro mediante factura por honorarios y la posibilidad de prestar servicios a varios clientes.
Por ello, si una persona firma un contrato civil de prestación de servicios pero en la práctica tiene jefe, horario fijo y funciones permanentes, existe una relación laboral encubierta. En esos casos, el empleador debería afiliarla al IESS y cumplir el Código del Trabajo; de lo contrario, podría enfrentar multas que van desde USD 50 hasta 20 SBU (USD 9.640 en 2026).
Qué puede hacer un trabajador en esta situación
El especialista recomienda, en primer lugar, dialogar con el departamento de Talento Humano o directamente con el empleador para solicitar la regularización del contrato. Si no hay respuesta, el trabajador puede presentar una denuncia ante el Ministerio del Trabajo para que la empresa sea inspeccionada.
Vaca reconoce, sin embargo, que muchos trabajadores aceptan estas condiciones por la escasez de empleo en el país, lo que perpetúa el uso indebido del contrato civil de prestación de servicios como mecanismo para evadir obligaciones laborales.
Por ahora, Nancy continúa en su puesto mientras familiares cuidan de sus hijos, aunque reconoce que esa ayuda no puede sostenerse indefinidamente sin un ingreso estable. Su caso resume una tendencia más amplia: la brecha entre la ley laboral vigente y la práctica cotidiana en miles de negocios pequeños y medianos del país.
Para el docente de la UIDE, el problema de fondo no es la existencia del contrato civil como figura legal, sino su uso deliberado para eludir responsabilidades patronales. Por tanto, insiste en que la vía del diálogo interno debe agotarse primero, ya que una denuncia formal, aunque legítima, puede tardar en resolverse y en algunos casos deteriora la relación laboral antes de que el trabajador consiga otro empleo.
Mientras tanto, cifras del INEC confirman que el fenómeno no es aislado: la mayoría de la población económicamente activa en Ecuador se ubica fuera del empleo adecuado o pleno, lo que explica, en parte, por qué trabajadores como Nancy terminan aceptando condiciones que ellos mismos identifican como irregulares con tal de mantener un ingreso mínimo para sus familias.
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