Eliminación del subsidio cambia el mapa del contrabando
La reciente eliminación del subsidio al diésel en Ecuador —que elevó su precio de $1.80 a $2.80 por galón— ha modificado profundamente el panorama del contrabando y robo de combustibles en Ecuador. Aunque la medida busca desincentivar el tráfico ilegal hacia países vecinos, expertos alertan sobre la aparición de nuevas amenazas, en especial el robo masivo de hidrocarburos por parte del crimen organizado.
Con este nuevo esquema de precios, Ecuador se ubica por encima de Colombia ($2.70), Bolivia ($2.00) y Venezuela ($0.02), pero sigue siendo más barato que Chile ($3.87) y Brasil ($4.20), según cifras de Global Petrol Prices. Esta reconfiguración genera efectos geográficamente diferenciados en el comportamiento delictivo.
Contrabando disminuye al norte, pero persiste al sur
Fernando León, docente de la Business School de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), considera que el contrabando hacia Colombia “va a disminuir en gran medida” debido a la paridad de precios. Sin embargo, Perú sigue representando un mercado atractivo para el tráfico ilegal de diésel, debido a una diferencia de $1.46 por galón.
Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Fiscal, concuerda en que el contrabando y robo de combustibles en Ecuador continuará siendo un problema en la frontera sur. Aunque la rentabilidad disminuye, los márgenes aún resultan suficientemente atractivos para los contrabandistas.
Luis Espinosa Goded, economista de la USFQ, ofrece una visión más optimista: sostiene que la rentabilidad del contrabando masivo ha caído drásticamente, del 130% al 30%, lo cual podría reducir significativamente el volumen de operaciones ilícitas a gran escala. Sin embargo, advierte que persisten prácticas de arbitraje fronterizo, con compras ocasionales por parte de ciudadanos que cruzan por conveniencia.
Aumenta el robo de combustibles tras el ajuste
Pese a la disminución del contrabando masivo, se ha intensificado otro fenómeno: el robo sistemático de combustibles. Según datos de InsightCrime, las conexiones ilegales a oleoductos se triplicaron, pasando de 334 en 2022 a 1.095 en los primeros nueve meses de 2025. Las incautaciones de diésel robado aumentaron en un 78% respecto al año anterior, superando el millón de galones.
La viceministra de Hidrocarburos, María Daniela Conde, reveló pérdidas de aproximadamente $300 millones anuales por estas perforaciones ilegales, conocidas como ‘pinchazos’. Este fenómeno reproduce lo ocurrido en México tras la eliminación de subsidios, donde el crimen organizado convirtió el robo de combustible en un negocio millonario.
Crimen organizado y uso del combustible robado
El combustible sustraído ilegalmente tiene múltiples usos dentro de las economías criminales. La producción de cocaína requiere hasta 284 litros por cada kilo fabricado. Además, los narcosubmarinos —muchos de ellos ensamblados en Ecuador— operan con motores diésel. La minería ilegal, especialmente en zonas selváticas, también depende del combustible para alimentar sus dragas y maquinaria extractiva.
Este escenario subraya cómo el contrabando y robo de combustibles en Ecuador está íntimamente ligado a otras economías ilícitas que desestabilizan el orden público y las finanzas del Estado.
Se requiere una estrategia integral y multidimensional
Expertos en seguridad y economía coinciden en que se necesita una estrategia integral para combatir estas amenazas. León plantea un enfoque que combine control fronterizo reforzado, inteligencia artificial para detectar rutas de fuga y la eliminación de beneficios legales a quienes participen en estas actividades.
Por su parte, Carrera y Mario Pazmiño, experto en inteligencia militar, enfatizan la importancia de fiscalizar de manera rigurosa la distribución desde Petroecuador y vigilar especialmente el consumo en sectores como la minería ilegal.
El exministro de Economía Fausto Ortiz advierte que es crucial cuantificar con precisión el impacto económico del problema. Las estimaciones actuales varían entre $100 y $300 millones anuales en pérdidas, mientras que el consumo nacional de diésel alcanza los 1.700 millones de galones, según datos del Banco Central del Ecuador.
Ahorro fiscal limitado y sistema de bandas
Aunque se espera un alivio fiscal, el impacto en las cuentas públicas será limitado este año. Ortiz calcula un ahorro de apenas $200 millones, ya que la medida rige desde el último trimestre. Carrera proyecta un beneficio neto de $900 millones anuales descontando compensaciones. No obstante, el déficit fiscal previsto para 2025 supera los $5.000 millones. “La medida va a ser insuficiente”, advierte.
El sistema de bandas, que entrará en vigor en diciembre, podría aportar cierta estabilidad. El Viceministerio de Hidrocarburos proyecta que el precio del diésel podría bajar gradualmente a $2.72 en febrero de 2026, si se mantiene la tendencia del petróleo West Texas Intermediate.
Fuente:
Más noticias:
