El país se prepara para un nuevo proceso electoral en noviembre de 2025. Así, conviene revisar los avances y las deudas derivados de la consulta popular de abril de 2024. Este balance permite evaluar cumplimiento, ejecución normativa y responsabilidades institucionales.
Ejecuciones concretas tras la consulta popular de abril de 2024
Varios mandatos de la consulta popular de abril de 2024 ya se implementaron. Por ejemplo, la pregunta sobre la extradición recibió 65,11% de apoyo. En consecuencia, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, fue extraditado a Estados Unidos el 20 de julio de 2025. Asimismo, las reformas al COIP sobre penas y régimen penitenciario fueron aprobadas y publicadas. Estas acciones muestran mecanismos efectivos de ejecución y coordinación entre Poderes.
Pendientes que exige la ciudadanía
No obstante, otras preguntas de la consulta popular de abril de 2024 permanecen en espera. El establecimiento de judicaturas especializadas para agilizar garantías jurisdiccionales aún requiere la intervención del Consejo de la Judicatura. Además, el nuevo artículo 158 que habilita apoyo complementario de las Fuerzas Armadas no figura en el Registro Oficial. Por lo tanto, subsisten vacíos normativos que afectan la certeza jurídica.
Medidas de seguridad y armas: qué se aplicó y qué falta
La mayoría de disposiciones sobre seguridad sí avanzaron. La pregunta que autoriza control de armas en rutas y corredores para centros de rehabilitación dispone su vigencia con el artículo 6 de la Ley de Armas. También se aprobó la asignación y destino de bienes y material incautado. Sin embargo, la publicación plena del nuevo marco constitucional y reglamentario demanda pasos adicionales para consolidar institucionalidad y proporcionalidad.
Coordinación institucional y rol del CNE
El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, recordó que una vez proclamados los resultados, se comunica al Registro Oficial. Por tanto, la publicación oficial es la referencia para ejecutar lo aprobado. Además, corresponde a promotores y autoridades activar mecanismos administrativos y legislativos para materializar cada mandato.
Fuente:
Más noticias:
Conaie exige subsidios diésel Ecuador: medidas costarían más de $3.000 millones
