Se evaluarán hechos como la no impugnación de la conformación de la veeduría ciudadana, la continuidad del proceso, la falta de consideración al pedido de Jhoana Verdezoto para archivar el caso en el Pleno del Cpccs y la presentación de medidas cautelares ante la CIDH.
Los jueces de la Corte Constitucional (CC) tienen programada para el 25 de septiembre de 2023, a las 10:00, una audiencia pública de seguimiento vía telemática. En esta audiencia, los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), encabezados por Alembert Vera, deberán explicar sus acciones relacionadas con la creación de una veeduría ciudadana para evaluar el nombramiento de los jueces constitucionales.
La audiencia también contará con la presencia de Leiver Quimis, juez de la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Montecristi (Manabí). Este juez aceptó la acción de protección a favor de la ciudadana Betyy Moreira el 29 de agosto de 2023 y ordenó al Cpccs conformar una veeduría para diagnosticar y evaluar las acciones administrativas y la designación de jueces por parte del Cpccs Transitorio de Julio César Trujillo, que operó desde marzo de 2018 hasta junio de 2019.
Alembert Vera no apeló esta sentencia y su administración continuó el procedimiento, incluyendo la convocatoria de la veeduría, que recibió aproximadamente 40 postulaciones hasta el 13 de septiembre.
A partir de este punto, Agustín Grijalva, exjuez de la CC, considera que Alembert Vera ha acumulado elementos que podrían llevar a su destitución. Grijalva señala que el Cpccs no apeló ni presentó reclamaciones contra la sentencia del juez de Montecristi. Además, destaca la solicitud de Jhoana Verdezoto para que el pleno del Cpccs archive la conformación de la veeduría, a la cual el organismo aún no ha dado trámite.
Grijalva concluye que la conformación de la veeduría se ha llevado a cabo incluso en contra de la voluntad de la mayoría del Cpccs, lo que constituye otra irregularidad.
A esto se suma la solicitud de medidas cautelares presentada por Alembert Vera ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Posible escenario
Según Agustín Grijalva, Alembert Vera parece anticiparse a una posible destitución al mantener la conformación de la veeduría y distanciarse de sus responsabilidades. Sin embargo, al mismo tiempo, cuestiona y desconoce las competencias de la Corte Constitucional a nivel internacional. Grijalva considera esta actitud como peligrosa y subraya el papel fundamental de la CC como máximo organismo de protección de derechos en Ecuador y de interpretación de la Constitución.
Vera tendrá la oportunidad de defenderse
Ramiro Ávila, exjuez de la CC, sugiere que existen condiciones para la destitución o un llamado de atención a Alembert Vera y a los consejeros que lo respaldaron. En el marco del debido proceso, la Corte verificará el cumplimiento del dictamen del 7 de mayo de 2019 y permitirá que Vera se defienda y refuta las acusaciones de incumplimiento del dictamen.
Ávila argumenta que no solo hubo un incumplimiento del dictamen de 2019, sino que también se ha atentado contra la independencia de la Corte por parte de Vera y los consejeros que lo apoyan. En esencia, están cuestionando y deslegitimando la autoridad de la Corte para revisar la constitucionalidad de todos los actos públicos del Estado.
En resumen, la Corte Constitucional llevará a cabo una audiencia y, tras la deliberación, emitirá una resolución que podría tardar hasta 20 días. Durante este proceso, se analizarán las acciones de cada uno de los convocados y se presentarán pruebas. Dos días antes de la audiencia, la solicitud de Gutemberg Vera Páez para que sea presencial fue rechazada por la Corte.
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