La demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
La demanda de Bucaram contra el Estado ecuatoriano fue admitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en agosto de 2025. El exmandatario sostiene que su destitución como presidente, en febrero de 1997, fue un golpe de Estado disfrazado de procedimiento legal. La decisión de la CIDH implica que el Estado ecuatoriano debe presentar, en un plazo de tres meses, una justificación formal sobre las razones que llevaron a su cese.
Un reclamo que prioriza la reivindicación
La demanda de Bucaram contra el Estado ecuatoriano fue presentada originalmente en 2015. En ella solicitó una reparación integral que incluía una indemnización de 200 millones de dólares y la sanción para los 44 diputados que votaron por su salida. Sin embargo, el exmandatario aclaró que su objetivo no es económico, sino la reivindicación de su nombre y el de su familia. “Una mafia política cometió un crimen político y deben pagarlo”, afirmó Bucaram, acusando a sus detractores de desviar la atención del fondo de la causa.
Contexto de la destitución en 1997
La destitución que motivó la demanda de Bucaram contra el Estado ecuatoriano ocurrió el 6 de febrero de 1997. Ese día, el presidente del Congreso Nacional, Fabián Alarcón, dio paso a la moción presentada por el legislador socialcristiano Franklin Verduga. Basándose en el artículo 100 de la Constitución de 1979, se alegó incapacidad mental para gobernar, sin presentar pruebas médicas que respaldaran esa acusación.
Consecuencias políticas
En la misma moción se propuso que Fabián Alarcón asumiera de forma interina, con el compromiso de convocar a elecciones en un plazo no mayor a un año. El respaldo de 44 diputados permitió que Bucaram fuera cesado, marcando uno de los episodios políticos más polémicos del Ecuador contemporáneo. La demanda de Bucaram contra el Estado ecuatoriano busca, casi tres décadas después, un reconocimiento internacional de que su salida fue ilegítima.
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