El proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal presentado por la asambleísta Camila León, de Acción Democrática Nacional, continúa sin ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa. Esto sucede pese a haber sido ingresado hace más de una semana.
La iniciativa ha generado un amplio debate político y social debido a posibles implicaciones para la libertad de expresión. Especialmente se discute su alcance en el ámbito de la crítica a funcionarios públicos.
Proyecto permanece en revisión del CAL
El Consejo de Administración Legislativa, presidido por el titular de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, tiene la atribución de calificar los proyectos de ley antes de que sean enviados a una comisión. Sin embargo, hasta el momento, la propuesta de Camila León no ha superado este primer filtro.
Mientras tanto, el proyecto se mantiene en etapa preliminar, sin que exista una fecha definida para su tratamiento. Esta situación ha incrementado las alertas entre legisladores y organizaciones civiles.
Cambios planteados al artículo 396 del COIP
La reforma propone modificar el artículo 396, numeral 1 del COIP. Actualmente, este artículo sanciona con penas de 15 a 30 días de prisión a quienes emitan expresiones consideradas ofensivas o deshonrosas, incluso a través de medios digitales.
El texto plantea que un juez determine si una expresión constituye un ejercicio legítimo de la libertad de expresión. También debe considerar si se trata de una crítica dirigida a servidores públicos en el marco de sus funciones, conforme a estándares constitucionales e interamericanos.
Reacciones políticas y preocupación por la libertad de expresión
Desde la oposición, el asambleísta Blasco Luna, del correísmo, manifestó su preocupación. Además, afirmó que difícilmente respaldarán una iniciativa que pueda afectar el derecho a expresarse libremente.
El legislador advirtió que la reforma podría abrir la puerta a sanciones contra ciudadanos que opinen sobre el desempeño de funcionarios públicos. A su criterio, eso representaría un riesgo para la democracia.
Gremios periodísticos rechazan la iniciativa
Organizaciones de periodistas recordaron la experiencia de la denominada ley mordaza y alertaron sobre los peligros de judicializar la libertad de expresión. Representantes de la Unión Nacional de Periodistas, la Federación Nacional de Periodistas y el Colegio de Periodistas de Pichincha pidieron el archivo del proyecto.
Los gremios señalaron que legislar contra la libertad de expresión implica afectar a toda la sociedad y limitar el ejercicio periodístico.
Observatorios ciudadanos alertan sobre criminalización de la crítica
El Observatorio de las Libertades Ciudadanas de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo advirtió que la propuesta ampliaría la discrecionalidad judicial. Además, podría criminalizar la crítica a funcionarios públicos.
La organización instó a Camila León a retirar el proyecto. En su defecto, solicitó que el CAL evalúe su devolución motivada si mantiene elementos que restrinjan la libertad de opinión.
Antecedentes de propuestas similares
Esta es la segunda ocasión en la que Acción Democrática Nacional impulsa reformas relacionadas con la libertad de expresión. En enero de 2024, una propuesta para endurecer el delito de calumnia, que contemplaba penas de hasta dos años de prisión, no logró avanzar en la Asamblea.
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