La Cámara de Minería de Ecuador presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la tasa minera impuesta por el Gobierno desde el 1 de julio de 2025. Argumentan que la medida es desproporcionada y pone en riesgo la sostenibilidad de la industria minera, especialmente en su etapa de exploración.
La demanda se suma a otras tres acciones similares interpuestas por empresas del sector. Estas buscan frenar esta tasa con la que el Estado proyecta recaudar aproximadamente USD 229 millones. Esto ocurre en medio de una situación fiscal compleja y con alta presión para incrementar los ingresos públicos.
“Una tasa desproporcionada que pone en jaque a la industria”
María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería, explicó que la decisión se tomó tras cinco semanas de intentar un diálogo técnico con el Gobierno. Sin embargo, no han obtenido apertura ni respuestas sobre las preocupaciones de la industria.
“Es una tasa minera desproporcionada, que pone en jaque a la industria minera, sobre todo a la etapa de exploración, porque opera por muchos años sin retorno”, señaló Silva. Además, advirtió que el sector minero enfrenta un escenario de “nerviosismo” a nivel internacional. Este cambio en las reglas de juego afecta la planificación de inversiones extranjeras en el país.
Empresas deberán pagar hasta USD 150 por hectárea
Con la nueva normativa, las empresas mineras deberán pagar hasta USD 150 por hectárea. Esto incrementa significativamente los costos operativos de la fase de exploración, un periodo que puede durar varios años sin retorno económico.
Silva enfatizó que más allá de las afectaciones inmediatas, el impacto más grave recaerá en la reducción de inversiones futuras y la paralización de nuevos proyectos. Todo esto ocurre en momentos en que Ecuador busca posicionarse como un destino atractivo para la minería responsable.
Argumentos legales: violación de principios constitucionales
Emilio Suárez, abogado de la Cámara de Minería, explicó que la tasa minera impuesta es inconstitucional tanto en forma como en fondo. Según él, viola los principios tributarios de equidad, proporcionalidad y no retroactividad.
“El Gobierno está imponiendo un pago arbitrario que no cumple con los requisitos normativos para ser considerado tasa. En realidad, se trata de un impuesto encubierto que debió pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional”, señaló Suárez.
El jurista destacó que las empresas ya enfrentan procesos coactivos por no pagar este concepto. Esto ocurre a pesar de que no están en capacidad de asumir un costo que calificó de injustificado y que afecta la viabilidad de sus operaciones.
Llamado a la Corte Constitucional para priorizar el caso
Con esta demanda, la Cámara de Minería solicita a la Corte Constitucional que suspenda la ejecución de la tasa minera mientras se resuelve su legalidad. Esto permitiría al sector continuar sus operaciones y garantizar la seguridad jurídica necesaria para las inversiones en Ecuador.
La Cámara subraya que la minería responsable es un sector estratégico que puede contribuir al desarrollo económico del país. Sin embargo, necesita estabilidad normativa y reglas claras para operar y generar empleo de manera sostenible.
La tensión entre recaudación fiscal y atracción de inversiones
La demanda de inconstitucionalidad presentada por la Cámara de Minería reabre el debate sobre el equilibrio entre la necesidad de recaudar ingresos para el Estado ecuatoriano y la importancia de mantener un clima de inversión estable para sectores estratégicos como la minería.
El desenlace de este proceso en la Corte Constitucional será clave para el futuro de la industria minera en Ecuador. Será importante también para la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales en un sector con alto potencial de generación de divisas, empleo y desarrollo territorial.
Fuente: El Mercurio
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