El CAL de ADN volvió a archivar un pedido de juicio político contra seis vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta decisión se tomó el 9 de febrero de 2026 y frenó, una vez más, una iniciativa presentada por la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional.
Además, el Consejo de Administración Legislativa basó su resolución en un informe de la Unidad Técnica Legislativa. Dicho documento señaló fallas en el anuncio y sustento de la prueba, lo que impidió que el proceso continúe.
El CAL de ADN mantiene su rol como primer filtro legislativo
En primer lugar, el pedido de juicio político lo presentó el asambleísta Luis Fernando Molina, con el respaldo de Héctor Rodríguez. Ambos legisladores señalaron un presunto incumplimiento de funciones por parte de seis consejeros del Cpccs.
En concreto, las acusaciones se enfocaron en dos procesos clave. Por un lado, la designación de los vocales del Consejo de la Judicatura. Por otro, el concurso para elegir al nuevo fiscal general del Estado. Según la bancada correísta, estas acciones afectaron el control institucional.
Consejeros del Cpccs incluidos en la solicitud
El pedido de juicio político incluyó a Andrés Fantoni Baldeón, presidente del Cpccs, Johanna Verdezoto, Jazmín Enríquez, David Rosero, Piedad Cuarán y Roberto Gilbert.
Para respaldar la solicitud, la Revolución Ciudadana presentó 53 firmas físicas. Sin embargo, la Unidad Técnica Legislativa validó 46. Aun así, ese número superó el mínimo exigido por la ley. Por esta razón, el informe reconoció que el pedido cumplió varios requisitos formales.
El informe técnico del CAL de ADN y las observaciones clave
No obstante, la Unidad Técnica Legislativa encontró problemas en el anuncio de la prueba. Según el informe, los interpelantes no explicaron de forma clara qué documentos respaldaban cada acusación.
Asimismo, la UTL advirtió que los legisladores no adjuntaron la prueba documental al momento de presentar la solicitud. La Ley Orgánica de la Función Legislativa exige este requisito desde el inicio del trámite. Por lo tanto, estas fallas no podían corregirse después.
Debido a estas observaciones, el CAL de ADN consideró que el juicio político no podía avanzar y resolvió archivar el proceso.
La RC critica al CAL de ADN por un supuesto blindaje
Tras la decisión, el asambleísta Luis Fernando Molina cuestionó al CAL de ADN y afirmó que el archivo del proceso respondió a una decisión política. A su criterio, el oficialismo utiliza argumentos técnicos para frenar la fiscalización.
Finalmente, el legislador vinculó este caso con el juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. Según señaló, ambos procesos evidencian un intento de mantener el control sobre instituciones clave del sistema de justicia.
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