El año 2026 se perfila como uno de los más exigentes para las finanzas públicas del Ecuador. El peso de la deuda marcará el ritmo del gasto estatal, limitando el margen de acción del Gobierno y obligando a priorizar pagos que no admiten retrasos ni renegociaciones. De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas, el país deberá destinar miles de millones de dólares para cumplir con sus compromisos internos y externos, en un contexto de crecimiento económico moderado y mayores presiones fiscales.
El peso total del servicio de la deuda en 2026
Durante 2026, el Estado ecuatoriano deberá pagar $12.731,09 millones por concepto de servicio de deuda pública. De este monto, $8.483,59 millones corresponden a vencimientos de capital y $4.247,5 millones a intereses. En términos prácticos, esto significa un desembolso promedio de $1,44 millones por hora o $34,53 millones diarios a lo largo de todo el año.
Estos pagos están establecidos en contratos y acuerdos internacionales, por lo que no pueden ser postergados. La deuda, en consecuencia, se convierte en un gasto prioritario por encima de otros rubros del presupuesto estatal.
Bonos reestructurados: el regreso de los pagos fuertes
Uno de los componentes más sensibles del servicio de la deuda en 2026 será el pago de los bonos internacionales reestructurados tras el default de 2020. Según el Ministerio de Economía, estos compromisos sumarán $1.632,5 millones entre capital e intereses durante el año.
El mayor impacto se concentrará en dos momentos clave:
- Enero de 2026, cuando se cancelará el primer tramo de capital del bono 2030, junto con los intereses semestrales de los bonos 2030, 2035 y 2040.
- Julio de 2026, con un segundo pago de capital del bono 2030 y los intereses correspondientes al segundo semestre.
Estos desembolsos marcan el fin del período de alivio otorgado por la reestructuración y vuelven a presionar de forma directa la liquidez fiscal del país.
Pagos automáticos y riesgo de incumplimiento
El proceso de pago de la deuda externa se ejecuta de manera automática y sin margen político. El Ministerio de Economía deposita los recursos en cuentas de bancos internacionales custodios, desde donde se canalizan a través de sistemas como Euroclear y Clearstream hasta llegar a los tenedores de bonos, entre ellos fondos de inversión, bancos y aseguradoras.
Cualquier retraso en estos pagos implica un incumplimiento inmediato, con efectos directos sobre el riesgo país y el acceso del Ecuador a financiamiento internacional.
FMI, BID y CAF: compromisos con multilaterales
Además de los bonos internacionales, el Estado deberá cumplir en 2026 con importantes pagos a organismos multilaterales:
- Fondo Monetario Internacional (FMI): $1.616,33 millones, de los cuales $1.080,97 millones son capital y $535,33 millones intereses.
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID): $1.084,37 millones entre capital e intereses.
- Corporación Andina de Fomento (CAF): $695,92 millones entre capital e intereses.
Estos créditos, en su mayoría de corto plazo, exigen un crecimiento económico sostenido para que su pago no asfixie las finanzas públicas. Sin embargo, las proyecciones para 2026 estiman un crecimiento de entre 1,8% y 2%, por debajo del rebote cercano al 4% registrado en 2025.
La deuda interna concentra casi la mitad del servicio total
El peso de la deuda no se limita al frente externo. Según datos oficiales, en 2026 se deberán pagar $6.014,43 millones por servicio de deuda interna, lo que representa el 47,24% del total.
De este monto, $1.588,59 millones corresponden a intereses, principalmente a instituciones como el IESS y la banca privada, mientras que los vencimientos de capital alcanzan los $4.425,84 millones. En promedio, el Estado deberá desembolsar $16,71 millones diarios solo por deuda interna.
Los atrasos: una presión adicional sobre la caja fiscal
A inicios de 2026, el Estado mantiene $4.198 millones en atrasos con proveedores, el IESS y gobiernos locales. Si el Gobierno decidiera ponerse al día en un solo año, tendría que destinar $349,83 millones adicionales cada mes, es decir, cerca de $12 millones diarios extra.
Aunque los atrasos han disminuido desde el pico de más de $5.500 millones registrado en 2023, siguen siendo elevados. Parte del aumento del IVA al 15% se ha destinado a reducir esta carga, pero el problema persiste debido a que el gasto público ha crecido más del 11%, mientras los ingresos solo aumentaron cerca del 3%, afectados en parte por la caída de la producción petrolera.
Un escenario que presiona nuevas emisiones de deuda
Con pagos de deuda crecientes y un flujo más limitado de créditos multilaterales, el Gobierno del presidente Daniel Noboa enfrenta una fuerte presión para volver a emitir bonos en los mercados internacionales durante 2026. Esta decisión, aunque podría aliviar la liquidez de corto plazo, implicaría asumir nuevas obligaciones en un contexto ya marcado por un alto endeudamiento y estrechos márgenes fiscales.
Fuente: La Hora
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