Este 4 de junio de 2025, en horas de la mañana, se instaló la audiencia de vinculación contra Andrés Arauz, Esther Cuesta y Raúl González dentro del caso Ligados, un proceso judicial que ha ganado notoriedad nacional por su impacto político y jurídico. La jueza Daniella Camacho, de la Corte Nacional de Justicia, lidera esta diligencia que se enmarca en una investigación por presunta asociación ilícita.
Cargos formulados y contexto del caso Ligados
La Fiscalía General del Estado presentó cargos contra los tres mencionados, sumándolos al grupo de exvocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) ya investigados. Según la Fiscalía, dentro del caso Ligados, existió una supuesta estructura política que operaba desde el Cpccs con el objetivo de influir en decisiones institucionales clave.
La evidencia central del caso Ligados está conformada por mensajes de texto y grabaciones extraídas del dispositivo móvil de Augusto Verduga. Estos archivos revelarían conversaciones con miembros de la Revolución Ciudadana, en las cuales se delineaban estrategias para influir en la designación de autoridades públicas.
Supuesta estrategia política detrás del caso Ligados
Uno de los hechos más relevantes bajo análisis es el presunto intento de posicionar a Raúl González como Superintendente de Bancos. Esto se habría realizado pese a un dictamen de la Corte Constitucional que contradecía dicha acción. En ese contexto, Andrés Arauz, actual secretario ejecutivo de la Revolución Ciudadana, habría participado en la planificación de la estrategia. Así lo afirmó el fiscal subrogante Wilson Toainga.
Además, se alega que se intentó retrasar la designación de nuevos vocales del Consejo de la Judicatura para favorecer los intereses del denominado “Gobierno de Luisa” González. En ese sentido, el caso Ligados también evidencia una posible instrumentalización del Cpccs como plataforma de poder partidista.
Rol de Esther Cuesta en la no posesión de Romero
Por su parte, la exasambleísta Esther Cuesta es señalada por su actuación durante la no posesión de Roberto Romero como Superintendente de Bancos. Según el expediente del caso Ligados, cuando Cuesta presidía la Asamblea Nacional, recibió una misiva de González solicitando suspender el trámite parlamentario, lo cual derivó en una consulta al Cpccs y la omisión de Romero en el Pleno legislativo.
Medidas cautelares y advertencia fiscal
Ante estos elementos, el fiscal Toainga solicitó medidas cautelares para los vinculados al caso Ligados. Propuso, en concreto, la prohibición de salida del país y comparecencias periódicas ante la Corte Nacional de Justicia. Andrés Arauz se encuentra en México y Esther Cuesta en Italia. Por ello, la Fiscalía fijó un plazo máximo de 72 horas para que ambos regresen a Ecuador tras la audiencia. En caso de incumplimiento, se podría revisar las medidas impuestas y plantear la prisión preventiva.
El caso Ligados, por tanto, representa no solo una investigación penal relevante, sino también un episodio que revela cómo, presuntamente, se intentó manipular las instituciones públicas para fines políticos.
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