El Gobierno de Ecuador modificó de forma radical su política sobre drogas con la eliminación definitiva de la tabla de consumo. La medida busca atacar el microtráfico sin criminalizar a los consumidores.
Declaraciones oficiales sobre la eliminación de la tabla
El 10 de junio de 2025, el ministro de Gobierno, José De La Gasca, desmintió categóricamente los rumores sobre un posible restablecimiento de la tabla de consumo de drogas en Ecuador. En una entrevista radial, el funcionario afirmó con contundencia: “La tabla de drogas está muerta, y lo que estamos haciendo ahora es enterrarla”.
Esta afirmación se da en el contexto de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, una normativa de carácter económico urgente enviada por el presidente Daniel Noboa, que incluye reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). En particular, se reformó el artículo 228, que regulaba la tenencia de sustancias estupefacientes para consumo personal.
¿Qué era la tabla de consumo de drogas?
La tabla fue un instrumento elaborado por el extinto Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep), utilizado como parámetro legal para que jueces y fiscales pudieran distinguir entre un consumidor y un microtraficante. Establecía cantidades máximas permitidas de distintas drogas para uso personal, como marihuana, cocaína, heroína, entre otras.
Sin embargo, según De La Gasca, esta herramienta legal se convirtió en un incentivo para el microtráfico, afectando especialmente a menores de edad y facilitando el expendio de sustancias ilícitas a pequeña escala.
Reforma legal: nueva definición del consumo personal
La reforma al COIP no penaliza el consumo personal, pero sí cambia la forma en que se define. A partir de ahora, los nuevos “parámetros para determinar el uso o consumo personal” no se basarán en una tabla estática, sino que serán establecidos a través de una resolución conjunta del Ministerio de Salud Pública, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura.
Este enfoque permitirá una revisión técnica y periódica de los criterios utilizados por la justicia, según las realidades del país y con base en criterios de salud pública. La decisión también apunta a fortalecer el control sobre el microtráfico, diferenciando a quienes consumen por adicción de quienes comercian con drogas en pequeñas cantidades.
El nuevo paradigma: salud pública y justicia diferenciada
La política del Gobierno no criminaliza automáticamente al consumidor. El ministro De La Gasca fue enfático: “Hoy cambiamos el paradigma. La drogadicción sigue siendo un problema de salud pública, así que abordémoslo como tal”.
En consecuencia, ahora será responsabilidad de la Fiscalía analizar cada caso de forma individual para determinar si se trata de una persona con un problema de consumo o de alguien que incurre en tráfico ilícito de sustancias. Esta estrategia busca evitar la persecución judicial de consumidores, mientras se enfoca en erradicar el expendio de drogas en calles, escuelas y barrios.
Objetivos de la nueva estrategia antidrogas
Con la eliminación de la tabla, el Gobierno ecuatoriano espera avanzar en:
- Fortalecer el sistema de salud para atender adicciones.
- Garantizar que la justicia actúe con criterios técnicos y no con parámetros arbitrarios.
- Combatir el microtráfico sin vulnerar derechos humanos.
- Proteger a la niñez y juventud del reclutamiento por redes delictivas.
- Recuperar el control del espacio público frente al crimen organizado.
Críticas y retos pendientes
Aunque la medida ha sido aplaudida por sectores que pedían una reforma integral al enfoque antidrogas, también existen voces críticas que advierten de posibles vacíos legales y del riesgo de arbitrariedades en la aplicación de justicia sin una tabla clara. El éxito de esta nueva política dependerá, según analistas, de la capacidad institucional para coordinar salud, justicia y seguridad en un marco de respeto a los derechos humanos.
Fuente:
El Comercio
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