La Asamblea Nacional aprobó el inicio de un proceso de fiscalización sobre las declaraciones patrimoniales de alcaldes y prefectos del país. La decisión fue tomada con 85 votos y se produce cuando faltan apenas cinco meses para las elecciones seccionales en Ecuador.
La resolución impulsada por la mayoría legislativa surge tras recientes revelaciones periodísticas relacionadas con las declaraciones patrimoniales presentadas ante la Contraloría General del Estado. Según los promotores de la iniciativa, existen casos que ameritan una revisión más detallada por parte del Legislativo.
Sin embargo, la medida generó un intenso debate político. Mientras el oficialismo sostiene que la fiscalización es necesaria para garantizar la transparencia, sectores de la oposición cuestionan la competencia de la Asamblea Nacional para intervenir en asuntos relacionados con los gobiernos autónomos descentralizados.
Asamblea Nacional revisará variaciones patrimoniales de autoridades locales
Durante el debate, el asambleísta Fernando Jaramillo, de ADN, explicó que se analizaron las declaraciones patrimoniales de 225 alcaldes y 23 prefectos del país. Como resultado, se identificaron 79 casos con variaciones patrimoniales consideradas relevantes.
Además, la resolución aprobada establece que la Comisión de Gobiernos Autónomos será la encargada de elaborar un informe sobre este proceso. Dicho documento deberá presentarse en un plazo máximo de 90 días.
De acuerdo con los legisladores que respaldaron la iniciativa, el objetivo es verificar la evolución patrimonial de las autoridades seccionales y determinar si existen elementos que requieran una evaluación más profunda por parte de los organismos competentes.
También se investigará la compra de los trolebuses de Quito
La Asamblea Nacional también aprobó una investigación relacionada con la adquisición de 60 trolebuses realizada por el Municipio de Quito durante 2025. La tarea estará a cargo de la Comisión de Relaciones Internacionales.
El oficialismo sostiene que existen elementos adicionales a los ya observados por la Contraloría. Según los legisladores de ADN, una proforma del fabricante demostraría que la compra pudo haberse realizado por un valor menor si se efectuaba directamente con el proveedor.
Por su parte, representantes del Movimiento Revolución Ciudadana defendieron la gestión del alcalde de Quito, Pabel Muñoz. Además, destacaron los beneficios que la incorporación de los nuevos trolebuses representa para la movilidad urbana y el medioambiente.
Oposición cuestiona las facultades de la Asamblea Nacional
Uno de los principales puntos de controversia fue la competencia de la Asamblea Nacional para fiscalizar a municipios y prefecturas. Legisladores de oposición insistieron en que esta función corresponde a los concejos municipales y organismos locales de control.
Desde el Partido Social Cristiano se argumentó que el Legislativo debería concentrarse en las tareas de fiscalización del Gobierno central, atribución que forma parte de sus competencias constitucionales.
Asimismo, los críticos consideran que la coincidencia entre estas investigaciones y la proximidad de las elecciones de noviembre podría generar interpretaciones políticas sobre el alcance de las acciones impulsadas por la mayoría legislativa.
Entre las recomendaciones aprobadas consta un pedido para que el Concejo Metropolitano de Quito realice su propia fiscalización sobre la compra de los trolebuses. Este organismo cuenta actualmente con una mayoría cercana al correísmo, lo que añade un componente político adicional al debate.
De esta manera, la Asamblea Nacional abre dos procesos de investigación que podrían convertirse en temas centrales de la agenda política ecuatoriana durante los próximos meses, en un contexto marcado por la cercanía de los comicios seccionales.
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