La Asamblea Nacional inició un proceso de fiscalización contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, por la adquisición de 60 trolebuses eléctricos. Esta compra, según la Contraloría General del Estado, habría generado un perjuicio económico estimado en USD 2,5 millones para el Municipio de Quito.
La decisión fue impulsada por la bancada Acción Democrática Nacional (ADN) y aprobada el 20 de enero de 2026 con 79 votos. Esto sucedió en medio de un intenso debate político que evidenció profundas diferencias entre las fuerzas legislativas.
Cuestionamientos al mecanismo de compra
El asambleísta Xavier Ordóñez, proponente de la moción, señaló que la adquisición de los trolebuses no se realizó mediante subasta inversa, a pesar de tratarse de bienes normalizados, como lo recomendaba el Servicio Nacional de Contratación Pública. En su lugar, el Municipio de Quito optó por un esquema de cooperación internacional con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).
Según el informe de Contraloría, este mecanismo habría servido para evitar controles propios de la contratación pública. Por esta razón, se motivó a la Asamblea a investigar el rol que cumplió el organismo internacional en el proceso.
Alcances de la resolución aprobada
La resolución dispone que la Comisión de Relaciones Internacionales inicie una fiscalización integral sobre las actuaciones del alcalde y de las autoridades de las empresas públicas metropolitanas vinculadas a la compra de los 60 trolebuses eléctricos. Además, ordena que el documento sea remitido oficialmente al Concejo Metropolitano de Quito, al Alcalde y a la Contraloría General del Estado. De esta forma, dentro de sus competencias, estos organismos deben adoptar las acciones que consideren pertinentes.
El Legislativo aclaró que este proceso se ampara en sus facultades constitucionales de control político y no implica una intromisión en las atribuciones de otras funciones del Estado.
Postura del correísmo y división política
Desde la bancada de Revolución Ciudadana, el asambleísta Héctor Rodríguez cuestionó la competencia de la Asamblea para fiscalizar a un gobierno local y sostuvo que existen otros casos que deberían ser priorizados, como los contratos con HealthBird o Progen. Pese a estos reclamos, la mayoría oficialista logró aprobar el inicio de la investigación. Mientras tanto, RC, el Partido Social Cristiano y algunos legisladores independientes votaron en contra.
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